La fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, aguarda los resultados de las imágenes satelitales que aportará la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) para determinar la magnitud del daño que se provocó a la colonia de pingüinos en Punta Clara, a unos 80 kilómetros al sur de la capital del Chubut, cuando el propietario de un campo abrió un camino rural donde había al menos 146 nidos.
La importancia de esas imágenes fueron explicadas por el doctor en biología y presidente de la Global Penguin Society, Pablo García Borboroglu, quien en diálogo con Télam sostuvo que “esa información permitirá saber cuándo se construyó el camino y saber si ya estaba la colonia de pingüinos asentada o si aún no había llegado”.
Los pingüinos de Magallanes llegan todos los años a las AICA (Áreas de importancia para la conservación de las aves) de Punta Clara y Punta Tombo, en septiembre, de manera que si la topadora que hizo el camino pasó por los nidos luego de ese mes el escenario del daño es el peor, provocando la muerte de al menos 292 pichones.
Se estima que el paso de los satélites cada cinco días por esa franja podrá aportar las imágenes para saber exactamente cuándo se alteró el paisaje natural.
Además, se supo que el Ministerio Público Fiscal incorporó a la investigación declaraciones de Ricardo La Regina, el propietario del campo que abrió el camino de 800 metros que va perpendicular al mar, en medio de una nidificación de alta densidad, quien aseguró que ese sendero rural se hizo en agosto, es decir antes que llegaran los pingüinos.
Sin embargo, García Borboroglu duda de ese dato porque las huellas están frescas.
Así y todo, el presidente de la Global Penguin Society aclaró que “el daño ambiental igual es tremendo porque los pingüinos van a los mismos nidos todos los años y se reencuentran con su pareja, por lo que si destruyeron el nido es como si a uno le derrumban la casa”.
“Pero claramente si se comprueba con las imágenes que la colonia estaba a pleno cuando pasó la topadora estamos ante el peor de los escenarios”, concluyó.
El especialista fue designado como perito por la justicia y fue el primero en llegar a la zona de desastre cuando fue convocado por el propietario del campo lindero, perteneciente a la misma familia, en el marco de una disputa judicial por cuestiones sucesorias.
“Cuando llegué (el 26 de noviembre pasado) vi pichones muertos y un adulto que intentaba protegerlos”, recordó García Borboroglu, que volvió a los pocos días, ya convocado como perito designado por la justicia, y el escenario había cambiado.
Para describir la magnitud del daño, el doctor en biología explicó que “una topadora pesa 8 toneladas, un huevo pesa 110 gramos, un pichón recién nacido no más de 90 gramos y los adultos entre 4 y 5 kilos”.
A esto se suma el alambrado divisorio que se colocó para delimitar las propiedades, con al menos uno de los hilos electrificados, que impedían el libre tránsito dentro de la colonia.
En la denuncia realizada, se consignó que “se abrió una amplia traza desmontando la vegetación nativa, expandiendo parte del desmonte a un sector adicional”.
“La traza atraviesa un área de nidificación de pingüinos de Magallanes, incluyendo zonas de alta densidad de nidos donde se constató la destrucción de un número mínimo estimado en 146 nidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino”, ejemplificó el especialista.
La zona forma parte de la reserva de biósfera “Patagonia Azul”, declarada de interés patrimonial por parte de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
El argumento que expuso Ricardo La Regina en las pocas declaraciones públicas que hizo al explicar las razones por las que abrió el camino fue por la necesidad de colocar un alambrado en su propiedad privada.
“Eso no es así -aclara Borboroglu- porque uno puede ser dueño de un espacio pero la fauna no es de su propiedad; es patrimonio de todos, y no puede ser destruida en nombre del derecho privado”.
Se estima que la extensión de la propiedad tiene unas 10.000 hectáreas de las cuales son de interés para la colonia de pingüinos no más de 120 que tranquilamente podrían haber quedado al resguardo de la ganadería.
Borboroglu aclaró que “este es un caso excepcional, porque son muchos los campos que tienen costa con colonias de pingüinos y éstas son cuidadas por los propietarios (algunos de los cuales son declarados custodios rurales) y varios de ellos se dedican al aprovechamiento turístico del recurso”.
La participación del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue valorada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, al afirmar que “esta es una muestra de que nuestras y nuestros investigadores se ponen al servicio de la sociedad para determinar un posible caso de delito ambiental”.
En tal sentido, Borboroglu aseguró que “coincido plenamente y le agrego que también actuó rápidamente la provincia realizando la denuncia por lo que en este caso el Estado, en sus distintos estamentos actuó solidariamente y rápido y no estuvo atrás del problema sino adelante, a lo que debemos sumar la rápida acción de la justicia”.
