En un giro sobre lo anunciado en junio por el gobierno porteño, la Legislatura de la Ciudad aprobó la ley para la ‘progresiva reconversión’ del zoo de Palermo en un ecoparque. El modelo institucional amalgamará la exhibición acotada de fauna en recintos adaptados a estándares de bienestar animal, el estímulo a proyectos de conservación y la educación ambiental mediante experiencias interactivas.
El texto sumó amplias modificaciones a las propuestas originales. Pero se mantuvo fiel en su propósito de reducir su colección de 1500 animales, en la restauración de su patrimonio histórico y en la creación de un centro de rescate para la vida silvestre.
La norma introdujo la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control para la transformación del zoo. Integrada por 11 legisladores, fiscalizará el paulatino traslado de los animales a centros con mejores condiciones de vida, incluidas otras instituciones zoológicas, una opción excluida en el texto original.
El proyecto oficialista, consensuado con la oposición, terminó desestimando las propuestas de la liga animalista Sin Zoo, avaladas por 135 mil firmas de porteños y contenidas en el proyecto de ley del legislador Adrián Camps. El espíritu de esa ley se colaba en el primer borrador de Cambiemos, cuestionado luego por ONG conservacionistas; se apuntaba a restringir progresivamente la exhibición de animales en cautiverio, a prohibir toda reproducción y a relocalizar la fauna apta de ser trasladada a santuarios y reservas.
En el largo plazo, se aspiraba al cierre del Zoo por entender al cautiverio como una forma de crueldad. Parte de ese argumento, fue respaldado hace seis meses por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Modernización, Andy Freire.
Pero luego sobrevinieron las marchas y contramarchas. En primer lugar, la ley 22.421 de Fauna no contempla que animales de manejo en zoos puedan ser trasladados a instituciones no acreditadas ni fiscalizadas. En el país no existen santuarios y las reservas o centros de rescate acogen sólo especies en rehabilitación para futuras liberaciones. Derivar animales exóticos en cautiverio, velando por su bienestar, es una tarea extremadamente compleja, ardua y onerosa.
El cambio de rumbo abrió un frente de tormenta en el activismo animal que, mediante protestas en redes sociales y en el predio de Palermo, sigue bregando por el futuro cierre del zoo programado para cuando muera el último ejemplar allí alojado. Pero, sancionada la ley, ahora las cuestiones candentes son otras: dada la degradación generalizada en la que hoy están sumidos los zoos del país, la única opción para cumplir fielmente con los compromisos de la flamante norma sería derivar la sobrepoblación de fauna a santuarios y reservas fuera del país o a instituciones zoológicas del exterior, con altos estándares de bienestar. La ley deja abierta la posibilidad de que la relocalización sea a nivel nacional; ése es el punto rechazado por los proteccionistas.
Hay gritos de guerra entre proteccionistas. Tildan la ley de ‘ecofraude’ y se movilizan por el futuro destino de los animales, que serán cedidos a título de gratuito.
Lograr un ecoparque ideal demandará unos 15 o 20 años. Pero esto no es un fracaso, sino el punto de partida hacia el nuevo paradigma: el que pasa de la dominación del hombre sobre los animales a la convivencia y el respeto.
