Luego del fuerte rechazo social que generó la Ordenanza N° 6933/18, sancionada el 27 de septiembre pasado, el intendente Gustavo González convocó a una mesa de trabajo con funcionarios y representantes del proteccionismo de animales para abordar ‘la problemática sobre el control de la población canina’. Y se logró llegar a un proyecto que ‘prohibirá el sacrificio y la eutanasia de animales y la tercerización de esas prácticas’, aseguraron desde el gobierno local.
Según manifestaron en un comunicado, la decisión tomada ratifica ‘las políticas de Estado que el municipio ya aplica y a través de las cuales se promueve como principal método de control de la población canina las castraciones masivas, gratuitas y sostenidas en el tiempo’.
Tras los fuertes cruces que se dieron entre proteccionistas, las autoridades municipales y algunos vecinos que defendían su posición sobre la mencionada norma se llamó al diálogo en una mesa de trabajo de la que participó la abogada Graciela Fayt y juntos concluyeron en la necesidad de abordar una nueva redacción de la polémica ordenanza.
El nuevo proyecto es el resultado de ‘intensas jornadas de trabajo en las que se revisó minuciosamente la ordenanza vigente’, señalaron y aseguraron que ‘desde una perspectiva de control ético de la población canina se acordó que de manera consensuada el Ejecutivo y concejales elaborarán un Proyecto de Ordenanza que Declarará a Puerto Deseado ‘Ciudad no eutanásica’.
También se resolvió realizar una capacitación del personal de la Dirección de Control Canino a quienes se sumará un equipo de veterinarios para prestar servicio en campañas de castración masiva.
