La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) dispuso la clausura judicial de un criadero canino de perros de raza chihuahua, que se encontraban en visible afectación a sus condiciones psicofísicas, enjaulados y en estado de hacinamiento en un domicilio particular en la Avda. Juan B. Justo al 3000 del Barrio de Villa Crespo. La responsable fue detenida y quedó imputada por actos de maltrato y crueldad animal.
El caso se inició tras una denuncia de los vecinos del lugar por olores y ruidos provocados por la acumulación de animales, por lo que el área de fauna y ambiente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal realizó tareas de investigación, delegadas por la fiscalía. Así, se pudo comprobar que el lugar funcionaba como un criadero y que los animales se ofrecían a la venta por redes sociales y plataformas virtuales por valores que oscilaban los $80.000 y $ 360.000.
La diligencia fue coordinada por el CIJ y realizada por la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos y la División Canes de la Policía de la Ciudad, y contó con la presencia de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y de la Gerencia Operativa de Sanidad Animal del GCBA.
Durante la inspección se contabilizaron un total de 133 canes de la raza Chihuahua, confirmando la hipótesis de arranque de la investigación en cuanto al funcionamiento de un criadero ilegal canino, con expresa prohibición legal en el ámbito de la CABA conforme la ordenanza 41.831/87 y art. 4.13.1. del Régimen de Faltas (ley 451 CABA).
Cabe recordar que la comercialización de animales domésticos se encuentra estrictamente regulada en el ámbito local, debiendo hacerse en locales expresamente habilitados con el expendio con una certificación médico veterinaria de un profesional matriculado, que asegure el estado sanitario para evitar la trascendencia de enfermedades zoonóticas, lo que no se verifico en el caso concreto.
Las constataciones de los médicos veterinarios permitieron establecer que los seres sintientes, en algunos casos estaban inmóviles y bajos de pesos, y en su totalidad se encontraban hacinados, en espacio reducidos por la cantidad de seres acumulados, en muchos casos enjaulados y sin las mínimas condiciones higiénico sanitarias, lo que generaban los olores y ladridos que trascendían a las fincas linderas, lo que en su conjunto afecta a cualquiera de las llamadas “cinco libertades” y de modo directo a las condiciones del bienestar animal.
Frente a lo verificado a consecuencia de la diligencia judicial, y habiéndose constatado en flagrancia los delitos investigados se dispuso la detención de una mujer mayor de edad responsable de la explotación comercial del criadero ilegal, siendo imputada por la Fiscalía por “actos de maltrato” y “actos de crueldad animal” en los términos de los arts. 2 inciso 1º y 3 inciso 7 de la Ley 14.346, ordenándose la clausura judicial del lugar.
Por su parte los 133 animales fueron rescatados del lugar por expresa indicaciones medico veterinarios, y fueron receptados por 3 ONGs especializadas en el rescate de animales víctima de estas maniobras para su recuperación y análisis caso por caso para descartar enfermedades propias de los animales y zoonóticas, y se dará inicio a procesos de adopción responsables de los mismos.
