El proyecto minero Dominga ha vuelto a encender las alarmas en Chile tras la querella interpuesta por Greenpeace por presuntos delitos de corrupción y revelación de información confidencial. La organización ecologista acusó a Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto, de realizar pagos millonarios a un bufete cuyos socios están involucrados en un escándalo de corrupción judicial sin precedentes en el país.
Este desarrollo judicial ha reactivado el debate sobre el futuro de Dominga, un proyecto minero y portuario que amenaza el hábitat del pingüino de Humboldt, una especie vulnerable y símbolo de la biodiversidad chilena. Según Greenpeace, la confianza en las instituciones ambientales y judiciales chilenas está en juego, especialmente cuando el gobierno de José Antonio Kast promueve reducir regulaciones para favorecer inversiones estratégicas.
El escándalo denominado «Muñeca Bielorrusa» sacudió al sistema judicial chileno al revelar posibles irregularidades ligadas al proyecto Dominga. La exmagistrada Ángela Vivanco fue apartada de su cargo mientras se investiga su presunta implicación en favores judiciales y pagos ilegales por parte de abogados influyentes.
Greenpeace presentó su querella criminal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, basada en una investigación que descubrió pagos de más de 255 millones de pesos al bufete Lagos, Vargas & Silber, cuyos socios están en prisión preventiva. La organización busca esclarecer si hubo actos ilícitos para favorecer a la minera en el sistema judicial.
Dominga amenaza con provocar un impacto irreversible en el ecosistema marino chileno, especialmente en el archipiélago de Humboldt, hogar de especies protegidas. La posible afectación al pingüino de Humboldt por el aumento del tráfico marítimo y las alteraciones del hábitat son algunas de las preocupaciones más acuciantes.
Riesgo para Pingüino
A pesar de las críticas, los defensores del proyecto argumentan que traerá inversiones significativas y empleo, impulsando la economía en regiones dependientes de la minería. Con la llegada de José Antonio Kast al poder, las posibilidades de reactivar el proyecto han crecido, pues el presidente se ha manifestado a favor de eliminar barreras regulatorias.
El anterior gobierno de Gabriel Boric había bloqueado el proyecto debido a sus riesgos ambientales. Sin embargo, el actual gobierno muestra una postura más favorable hacia su desarrollo. Kast ha criticado la «excesiva permisología» ambiental, señalando que frena inversiones vitales para el crecimiento económico de Chile.
La acción judicial de Greenpeace busca recuperar la confianza en las instituciones chilenas y garantizar un proceso transparente respecto al proyecto Dominga. La organización insiste en que proteger el archipiélago de Humboldt es crucial para la conservación de la biodiversidad del país.
El conflicto en torno a Dominga refleja la tensión entre desarrollo económico, protección ambiental y confianza institucional que enfrentan muchas naciones. La controversia no solo resalta el choque entre intereses económicos y conservación, sino que también pone a prueba la credibilidad democrática en Chile.
