La decisión de casi todas las comunidades autónomas en España de dar luz verde a la caza de conejos, jabalíes, cabras montesas y otras especies de rumiantes con el fin de controlar su población y su impacto sobre cultivos y explotaciones agrícolas ha suscitado el rechazo de asociaciones ecologistas, conservacionistas o animalistas.
Las principales organizaciones ‘verdes’, WWF España, SEO/BirdLife, Greenpeace España, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, han redactado una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que reclaman al Gobierno que restrinja la actividad cinegética y no avale las autorizaciones de los ejecutivos autonómicos por ser contrarias a las medidas de confinamiento por el coronavirus.
Una de estas entidades conservacionistas, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), ha ido más allá y ha iniciado una ofensiva con escritos de denuncia ante el Ministerio del Interior por cada una de las órdenes, resoluciones o instrucciones dictadas por los gobiernos regionales, por considerar que están vulnerando varios artículos del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo que declaró el estado de alarma en España por la crisis sanitaria del covid.
Las resoluciones llegan después de las quejas y reclamaciones de colectivos y organizaciones de agricultores, por posibles daños sobre el campo. El ministro Planas remitió el pasado 14 de abril una carta a las autonomías en la que recomendaba “el control de jabalíes para prevenir daños en explotaciones agrarias y evitar la propagación de enfermedades animales”, especialmente de peste porcina africana (PPA), y dejaba en manos de “las autoridades competentes de las autonomías” la mejor forma de establecer ese control, “siempre teniendo en cuenta la necesidad de adoptar medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del covid-19”.
Galicia, Asturias, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunidad Valenciana o La Rioja han autorizado, con diversas variantes a la hora de fijar medidas de protección y distanciamiento, salidas o aguardos para abatir piezas como conejos, jabalíes y también otras de caza mayor, como cabras, corzos, ciervos y otros rumiantes. La Comunidad de Madrid también publicó su resolución este martes.
Paradójicamente, en un correo de la Secretaría de Estado de Seguridad remitido a Ascel tras una consulta sobre la orden que permite aguardos en Asturias, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska interpreta que la actividad de control de la población de fauna y especies silvestres debería corresponder a guardas o funcionarios, por lo que hacerlo “por un cazador particular” se considera que “sí incumpliría las limitaciones impuestas a la circulación de particulares del estado de alarma, no pudiendo alegarse fuerza mayor”.
“El estado de alarma no resta competencias a las comunidades autónomas, pero asigna al Gobierno de España la condición de autoridad competente a los efectos propios del citado estado, y limita en su artículo 7 la libertad de circulación de las personas durante la vigencia del estado de alarma, salvo casos tasados, entre los cuales ni está el ir a cazar ni el ir a matar animales por donde le agrade al portador de armas de caza”, señalan los escritos de Ascel dirigidos al Ministerio del Interior. “Invocamos a la autoridad competente en el control de la movilidad, la autoridad —por otro lado— al mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que deben vigilar la inmovilidad, en estos momentos en sentido completo, para que intervenga restringiendo movimientos indebidos, que empeoren la salud pública”, añade.
Para Ascel, el retorno de los cazadores al monte no solamente eleva el riesgo sobre los ejemplares de ser víctimas de cazadores, sino que cercena la oportunidad de que el estado de alarma sirva para ampliar el número de presas disponibles que alimentan al lobo, como los jabalíes o cérvidos enfermos o débiles, lo que facilitaría la expansión de la especie por la Península Ibérica desde sus emplazamientos actuales en el cuadrante noroeste de España. Esta ha sido una de las propuestas de organizaciones ecologistas para las estribaciones montañosas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde no hay ejemplares de lobo y existen problemas de sobrepoblación de especies cinegéticas endémicas y otras introducidas en cotos, como el arruí.
La población apenas ha crecido
Ignacio Martínez, miembro de la junta directiva de Ascel, explica que, además de considerar jurídicamente que se está vulnerando el real decreto gubernamental, la apertura a la actividad cinegética se produce en un momento en que los cuerpos de seguridad (principalmente la Guardia Civil Seprona) responsables de la vigilancia de su desarrollo dentro de los márgenes legales se encuentran “bajo mínimos”, por estar concentrados en velar por el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Esta circunstancia, añade, puede desembocar en la caza furtiva de ejemplares de lobo ibérico, un animal que, pese a estar protegido al sur del río Duero, tiene estatus de cinegético en regiones como Asturias, Castilla y León o Galicia, aunque con restricciones, y que además arrastra problemas de convivencia con algunos ganaderos por la acción depredadora del lobo.
Pese a la mayor concienciación y algunas medias de protección, la población de lobos apenas ha crecido en las últimas tres décadas. El primer censo en democracia realizado por el Gobierno, de 1986-1988, contabilizaba 294 grupos repartidos en un territorio de 100.000 kilómetros cuadrados, en su mayoría en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y el Pirineo. El segundo y último, de 2014-2016, elevaba la cifra a 297, pero reducía su radio de presencia a 91.000 kilómetros cuadrados. Los defensores del animal lo dan prácticamente por desaparecido en Sierra Morena.
