Primero se los estigmatizó y, más tarde, se los utilizó. Los animales y, sobre todo, los perros han sido tratados como un mero instrumento durante el confinamiento. «Las personas adquirían los animales de forma fraudulenta para poder salir a la vía pública», relata Anna Mulà, abogada especialista en derecho animal y portavoz del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA). En concreto, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) calculó que se habían demandado unos 5.000 perros, un repunte de un 50%.
«Esto supone que a un animal se le está tratando como una mera herramienta para cubrir una necesidad que, después, al llevarse a cabo de esta manera tan inconsciente y cosificando a los animales, da lugar a que no se asuma la necesaria obligación que supone tener un animal, entonces abandonarlo te resulta mucho más sencillo», explica Mulà. De hecho, ahora, tras la desescalada y con la llegada del verano, «ya se están detectando casos de abandono fruto de esta etapa de confinamiento», señala.
Se trata de una realidad que confirman los datos aportados por la RSCE. Según la organización, el abandono de perros ha aumentado un 25% desde el inicio de la desescalada. Solo a finales del pasado mes de mayo –durante las primeras semanas en las que se relajaron las restricciones de movilidad en la mayoría de provincias– se contabilizaron unos 2.000 abandonos de perros en España.
El hecho de que refugios y protectoras estuvieran cerrados durante el confinamiento provocó que las personas que querían una mascota echaran mano de la venta online, que mantuvo su actividad sin límite alguno, aumentando todavía más el número de animales disponibles. Mulà insiste en que son adquisiciones «fraudulentas» que, en muchos casos, tienen su origen en criaderos ilegales en los que las condiciones de los animales son «terribles».
Una deuda histórica
En palabras de la experta, «la crisis dejó en evidencia la deuda histórica que tiene el sector público con las políticas de protección animal». Un claro ejemplo de ello es el olvido de las mascotas de las personas que han perdido la vida o que han tenido que ser ingresadas a causa del Covid-19. «Los animales de personas fallecidas que no han tenido una respuesta adecuada por familiares o amigos cercanos han tenido un destino poco adecuado como puede ser el abandono», critica Mulà.
Además, la experta echa en falta el apoyo de las administraciones durante la pandemia. «Ahora hay cantidad de protectoras que se han quedado sin recursos económicos, la gente ha dejado de apoyar y las administraciones deben convocar subvenciones públicas para estas organizaciones», reclama. A ojos del instituto, «las administraciones municipales han hecho oídos sordos a las peticiones de facilitar las adopciones como medida necesaria para garantizar un hogar a muchos animales». Asimismo, cabe recordar que, según el IPPPA, no se han facilitado equipos de protección al personal de refugios y personas voluntarias».
Como casi una norma, siempre ha sido la sociedad civil la que se ha movilizado y ha ido supliendo estas funciones que en realidad pertenecen a la administración. Para acabar con este bucle, el Instituto impulsado por la Fundación Franz Weber, sostiene que es más importante que nunca guiar a los organismos públicos para que sepan cómo actuar. Para ello ha puesto a disposición de las administraciones un curso online gratuito llamado «Convivencia responsable en tiempos de coronavirus».
Formación «efectiva»
La formación va dirigida a las policías locales, cargos electos o a las personas que gestionan servicios públicos como la recogida de animales; y su objetivo es «fomentar políticas públicas de protección animal basadas en lograr una convivencia responsable entre la ciudadanía y los animales». En definitiva, lo que se pretende desde el IPPPA es que «los empleados aprendan a gestionar estas políticas públicas de forma efectiva», indica Mulà.
En cuanto a cómo y quién debe llevar a cabo estas políticas públicas de protección de los animales, la experta asegura que «todas las administraciones tienen competencia sobre la materia, pero que no hay un reparto de competencias claro entre las administraciones, lo que da lugar a dejaciones o una falta de coordinación».
