El ministro de turismo y vida silvestre de Kenia, Najib Balala, anunció un movimiento audaz el año pasado, uno con la intención de frenar el grave problema de caza furtiva del país.
Los activistas de todo el mundo tuvieron una respuesta mixta al plan de Balala para ejecutar a los cazadores furtivos: la mayoría de los amantes de la vida silvestre elogiaron la idea, pero varios grupos de derechos humanos se manifestaron en contra de la pena de muerte.
Se cree que los legisladores kenianos están ahora en el proceso de acelerar la ley de pena de muerte propuesta, una que aumenta drásticamente los riesgos ya altos para los cazadores furtivos que sean sancionados.
Hasta que se promulgue esta ley, los cazadores furtivos continuarán enfrentando una multa de $200,000 dólares, o cadena perpetua.
