La Contraloría General de la República de Perú descubrió que, entre enero de 2020 y julio de 2023, siete funcionarios del Ministerio de la Producción (Produce) otorgaron de manera irregular permisos para la exportación de aletas de tiburón desde Perú. De esta manera beneficiaron a varias empresas en un caso relacionado a la pesca ilegal de tiburones.
La autoridad de control concluyó que los servidores del Viceministerio de Pesca y Acuicultura debían ser denunciados penalmente ante el Ministerio Público.
Estas irregularidades surgieron en un momento crítico para el país, ya que el Comité Permanente de la CITES recomendó una misión para evaluar el comercio y la pesca ilegal de tiburones en Perú.
La salida de la directora general y dos miembros del Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) del Ministerio de la Producción generó alerta debido a un posible debilitamiento en la fiscalización de la pesca ilegal, según informó el portal Mongabay Latam en un reportaje. Los cambios afectarán las salas de Conas encargadas de resolver apelaciones a multas impuestas a 11 empresas por pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas.
Las multas suman 12 millones de soles (más de 3.260.400 dólares) y podrían prescribir si el Conas no las confirma a tiempo en segunda instancia. Según el mismo medio, los nuevos funcionarios fueron señalados por la Contraloría en 2023 por aprobar permisos irregulares.
Cambios en el Conas y posibles consecuencias de la pesca ilegal de tiburones
El 6 de febrero, Rosa Zavala Correa, directora general del Conas, presentó su renuncia irrevocable a Sergio González, ministro de la Producción. En su carta, Zavala explica que su salida se debe a modificaciones en el área oficializadas mediante una resolución ministerial.
La resolución concluye las labores de Luis Alva Burga y César Zelaya Tafur, presidentes de la Primera y Segunda Sala Transitoria de Pesquería y el Área Unipersonal Transitoria especializada en Pesquería del Conas. En su reemplazo, fueron designados Verónica Carola Caballero Gonzáles y Jaime Antonio de la Torre Obregón.
En su carta de renuncia Zavala señala que Alva Burga y Zelaya Tafur estaban encargados de resolver los 99 recursos de apelación presentados por las empresas sancionadas por pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas. Hasta antes de su destitución, se habían confirmado dos de las 99 sanciones impuestas.
Funcionarios investigados por irregularidades
Según la Contraloría, siete funcionarios de Produce, incluidos Caballero Gonzáles y de la Torre Obregón, expidieron irregularmente 35 permisos de exportación de más de 24 toneladas de aletas de tiburón. Estos permisos habrían beneficiado a Lamarqocha Inversiones, Angaff Perú, Exportaciones JME y Full Moont.
Las 24 toneladas de recursos pertenecían a especies de tiburones amenazadas, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Esta instancia internacional busca proteger ciertas especies de su explotación excesiva y tráfico ilícito; las empresas exportadoras requieren un permiso de CITES para comercializar estos productos.
Según un primer informe de Contraloría, De la Torre Obregón no habría verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos previos establecidos en la convención de CITES y su reglamento, permitiendo que siete certificados de desembarque se reutilicen.
En un segundo informe, De la Torre y Caballero, quien era directora general de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Produce, emitieron irregularmente 33 permisos de exportación de aletas de tiburón.
Según Contraloría, Caballero Gonzáles no llevó a cabo las acciones de verificación y control del cumplimiento de las funciones de la Autoridad Administrativa CITES, a cargo de De la Torre. Ello permitió la reutilización de 224 certificados de desembarque.
Ante estos hechos, Contraloría recomendó iniciar un proceso administrativo contra ambos funcionarios, que ahora han sido designados como nuevos vocales del Conas. La Procuraduría Anticorrupción informó al citado portal que en diciembre de 2024 solicitó el inicio de las diligencias preliminares de la investigación penal contra ambos funcionarios.
Foto de portada: Ministerio Público de Perú
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