Gracias a la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por el Dr. Carlos Rolero Santurián, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Arrotea al 600, y rescataron 57 caniches hacinados en criadero que funcionaba como criadero ilegal. En el lugar se rescataron 57 perros de la raza caniche toy.
El caso se inició a partir de una investigación del Área de Fauna del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que en conjunto con la UFEMA, lograron determinar que en ese lugar se llevaba adelante la actividad de criadero ilegal por parte de dos personas que residían allí.
Ante el maltrato animal por los caniches hacinados en criadero y la falta de cuidado hacia los seres sintientes, y luego de las tareas investigativas delegadas por la UFEMA, se recabaron las pruebas necesarias para acreditar la situación. El Fiscal Rolero solicitó la orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza Fernanda Botana, a cargo del Juzgado PCyF 5, con el objetivo de cesar el riesgo para los animales y desarticular la grave situación de hacinamiento.
El procedimiento fue coordinado y realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto a personal de la División Conductas Contravencionales y de Faltas y la División Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
Durante el allanamiento, se encontraron los 57 caniches hacinados en el criadero ubicado en el interior del inmueble. Fueron inmediatamente asistidos por los veterinarios, quienes determinaron el flagrante maltrato animal, así como numerosas deficiencias higiénicas y riesgos zoonóticos.
Recomendaron su rescate y puesta a resguardo de inmediato.
Por tal motivo, se procedió al rescate de todos los animales y se ordenó el secuestro de al menos 10 jaulas donde estaban hacinados los perros, además de otros elementos relevantes para que sirven como pruebas para la investigación.
Los canes fueron entregados a una ONG para que sean estabilizados y cuidados.
Además, como responsables fueron imputadas las 2 personas que viven en el lugar, por actos de crueldad (Ley 14.346) y violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal (art. 206 del Código Penal).