La organización no gubernamental ‘Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad’ presentó un recurso judicial para impugnar la autorización que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia a una estancia del norte santafesino que funcionaba como coto de caza y criadero de especies exóticas. Pero la acción va mucho más allá. Sus impulsores quieren que sea el puntapié de una ofensiva para terminar con este tipo de emprendimientos, informa La Capital.
La medida, que apela a la ley 10.000 de intereses difusos, apunta a implementar la revisión sobre dos resoluciones de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe que en enero y febrero último oficializó el funcionamiento del establecimiento que ya tenía actividad cinegética desde hace más de veinte años.
Si bien el trámite fue presentado el 22 de mayo, por el receso judicial de invierno aún se desconocen los términos de la contestación de la demanda por parte de la provincia y el propietario de la estancia, llamada La Primavera.
También persigue la intención de redefinir los parámetros y las decisiones estratégicas a la hora de evaluar y autorizar este tipo de emprendimientos. ‘Esta medida nos permite además generar la oportunidad de discutir las políticas de protección de la libertad biológica a nivel provincial, evaluar los procedimientos a seguir y ajustar las exigencias de las evaluaciones de impacto ambiental’, explicó la integrante de la ONG, Valeria Berros. ‘Estas deben ser estratégicas y no tener solamente en cuenta a este coto de caza en particular, sino la situación general respecto a la caza deportiva en Santa Fe, ya que con una simple búsqueda en internet se puede notar que existen muchísimos cotos de caza tanto en esta provincia como en otras, donde funcionan ilegalmente’.
Bienes colectivos. La especialista sostuvo que ‘hay que empezar a discutir y analizar qué medidas se toman, porque se trata de bienes que son colectivos y por lo tanto hay que evaluar qué es lo que se hace, porque esto trasciende los intereses particulares. No estamos hablando sólo de un acto administrativo que autoriza el funcionamiento de un coto de caza, que resulta por sí mismo pasible de múltiples objeciones de rango constitucional. La provincia respaldó además dos décadas de funcionamiento ilegal de una firma que reconoce a más de 2 mil especies animales autóctonas y exóticas actualmente en situación de cautiverio, disponibles para cazadores nacionales y extranjeros’, analizó.
A su entender, la actividad que se desarrolla en torno a los cotos de caza ‘es una de las tantas manifestaciones de la profunda y triste separación entre los humanos y los no humanos, y de la explotación despiadada que genera una renta a costa de la muerte de seres vivos justificada en su mentado carácter deportivo’.
Respecto a la normativa vigente existe una resolución de 2003, que habilita la caza deportiva en predios privados con autorización del dueño o en cotos que deben ser habilitados por Medio Ambiente. Esta es la primera habilitación que se otorga conforme a los parámetros de esa resolución. ‘Sería bueno empezar a revisar y ver qué lineamientos se pueden aplicar en términos legislativos y de política pública’, sostuvo Berros.
