Se profundiza el conflicto latente en torno al turismo de caza en Entre Ríos y su gestión de parte del gobierno provincial.
Ahora, cinco organizaciones socioambientales presentaron una solicitud formal de acceso a la información pública a la gestión de Rogelio Frigerio para que este explique las recientes autorizaciones para la matanza de fauna nativa.
El foco de la controversia es el turismo cinegético, una actividad que el comunicado de las ONGs define como «autorizada por el Gobierno de Rogelio Frigerio, que trae cazadores extranjeros a aniquilar animales autóctonos«.
Las organizaciones CEYDAS, Ayuda Animal, Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Luz del Ibirá no solo exigen datos, sino que ponen en tela de juicio la legitimidad de las políticas provinciales.
Turismo de caza en Entre Ríos: qué información piden las ONGs.
El petitorio no es una consulta general, sino una auditoría ciudadana dirigida al corazón de la política ambiental del gobierno provincial.
El objetivo es auditar la base científica de la Resolución Nº 0714/25, que habilitó la caza «deportiva» de diversas especies de aves, y la Nº 1194/25, que permitió la caza comercial del coipo.
En la carta formal, dirigida al Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y patrocinada por la abogada Dra. Domínguez Cecilia I., las organizaciones exigen la siguiente información crucial:
- Estudios poblacionales sobre anátidos (patos), tinámidos (perdices) y sobre el coipo (Myocastor coypus);
- Copia del marco normativo completo que habilitó la caza, para analizar su coherencia y rigor;
- Requisitos para la inscripción y funcionamiento de los «cotos de caza»;
- Listado de empresas de turismo cinegético inscriptas en los últimos cinco años;
- Ubicación georreferenciada de todos los predios donde operaron, permitiendo mapear la presión de caza en el territorio;
- Copia de las planillas de contingentes de caza de los últimos cinco años y registro y nómina completa de cazadores habilitados;
- Detalles sobre el personal y los vehículos estatales destinados a la fiscalización, para conocer la capacidad real —o falta de ella— del Estado para controlar la caza.
La exhaustividad de esta solicitud se ampara en un sólido marco legal que obliga al Estado a rendir cuentas, preparando el terreno para la siguiente fase del reclamo.
Turismo de caza en Entre Ríos: el silencio que preocupa
Lo que agrava la situación y explica la contundencia del reclamo actual es el antecedente de opacidad gubernamental.
Es que las organizaciones informan que esta misma solicitud ya fue presentada en 2024 ante la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales.
Sin embargo, «ni siquiera fue respondida». Este silencio administrativo previo elevó las apuestas.
En su nueva presentación, las ONGs advirtieron que se reservan el derecho de tomar acciones judiciales contra el Gobierno si el ocultamiento de información se repite.
Este ultimátum transforma una solicitud administrativa en el preludio de una confrontación en los tribunales, escalando el conflicto a una nueva dimensión legal y política.
