Lo que comenzó como un “experimento medioambiental”, que consistía en introducir cierto tipo de almejas japonesas para tratar de depurar los ríos Tajo y Sado, en Portugal, contaminados con mercurio, plomo, cadmio y biotoxinas, se ha convertido en un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de miles de personas que podrían consumirla.
El proyecto se inició años atrás en la provincia portuguesa de Setúbal, cuando los expertos introdujeron las llamadas ‘almejas japónicas’ (capaces de absorber elementos contaminantes) en la zona afectada, con la intención de disminuir los niveles de toxicidad de aquellas aguas infectadas por desechos industriales.
Con el pasar de los años, la iniciativa, que parecía un plan esperanzador, se ha convertido en “un problema de salud pública” difícil de solucionar, según declaró el jefe de la División Técnica Ambiental de la Guardia Nacional Republicana (GNR), teniente coronel Ricardo Vaz Alves.
El problema con la ‘japónica’ es que se trata de un molusco sumamente apreciado en el mercado internacional por su sabor y su capacidad de conservación, algo que toman en cuenta los pescadores furtivos, que las capturan en las zonas contaminadas para ofrecerlas a consumidores de Portugal, España y otros países, donde podrían llegar a redes de contrabandistas capaces de comercializar cada día hasta más de 14 toneladas del marisco.
A pesar de su alta toxicidad, las almejas japónicas siguen teniendo compradores porque, tras ser sometidas a niveles de depuración adecuados, pueden ser consumidas. El problema es que las redes furtivas no se preocupan por descontaminarlas, de manera que terminan causando graves problemas de salud en quienes las ingieren, incluyendo la muerte.
Lo más preocupante, dice Alves, es que las redes de pescadores que mercadean esa almeja tóxica han logrado también forjar documentos falsos sobre el origen del molusco, con lo cual un producto no apto para el consumo humano puede terminar siendo vendido legalmente en supermercados de España y Portugal, o ser distribuido desde allí a otros países de Europa.
Desmantelar el tráfico ilegal
De acuerdo con Alves, la eliminación de la almeja tóxica “es casi imposible”. A su entender, en lo que deben trabajar las autoridades de Portugal y España es en atacar el “foco prioritario” que representan las redes ilegales de distribución.
Afortunadamente, dijo, ambos países trabajan de forma conjunta para frenar ese mercado furtivo, y en su accionar han conseguido identificar varios frentes de pescadores que recogen la tóxica almeja.
Solo en Lisboa, por ejemplo, las autoridades estiman que unos 1.400 pescadores la recogen ilegalmente. Lo mismo sucede en los ríos Tajo y Sado de Setúball y en aguas bajo el puente Vasco da Gama, el más largo de Europa, que enlaza Lisboa con Alcochete.
Alves sostiene que los niveles de comercio de la almeja japónica son muy altos. Resalta que en mayo pasado se incautaron 1,5 toneladas de esa especie, no aptas para el consumo. Además, según medios españoles, en 2019 y 2020 se dieron incautaciones importantes, una sobre las 16 toneladas en Vigo (España) y otra cercana a las 3 toneladas en O Porriño (Pontevedra, España)
“No son solo los mariscadores, hay toda una cadena por arriba”, advierte Alves, que detalla que en operaciones de control han visto involucrados vehículos “de mucho valor”, lo que hace sospechar que detrás del tráfico del molusco existen organizaciones delictivas que lo utilizan como una “actividad paralela”.
