El territorio ye’kwana y sanema ocupa 3 450 406 hectáreas en el estado Amazonas en Venezuela y al menos 934 hectáreas han sido arrasadas por la minería ilegal, según el último monitoreo satelital de Wataniba. Un punto a tomar en cuenta es que toda la actividad minera está prohibida en esa zona desde 1989.
El daño ambiental está distribuido en los dos municipios que se superponen con el territorio ye’kwana y sanema: Manapiare y Alto Orinoco. En el primero, donde se detectaron 48 focos de minería ilegal, se presentaron 612 de las 934 hectáreas deforestadas por minería ilegal a mayo de 2023; mientras que Alto Orinoco, en el que se identificaron 32 puntos de minería, se ha registrado una pérdida de 322 hectáreas. Wataniba además ha recibido denuncias recientes que apuntarían a la aparición de tres nuevos focos de minería ilegal más en Manapiare y 18 en Alto Orinoco. Todas estas cifras son parte del monitoreo satelital que realiza continuamente Wataniba en la zona.
En cuanto a la pérdida histórica de bosques, de acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch (GFW) el municipio de Alto Orinoco perdió 57 500 hectáreas de bosque primario húmedo y Manapiare 31 500 hectáreas, entre el 2002 y el 2022. Pero, además, entre enero y julio de este año se registraron 109 955 alertas de deforestación en Alto Orinoco y 156 034 en Manapiare, lo que quiere decir que la amenaza persiste.
Tina Oliveira, bióloga venezolana y coordinadora de Sistemas de información Socioambiental de Wataniba ―parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG)―, comenta que la minería ilegal viene en crecimiento desde 2016, pero que en 2020 con la pandemia se intensificó. “En los territorios Ye’kwana-Sanema del estado Amazonas la minería ilegal era prácticamente inexistente antes del año 2016, fecha de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, la cual también coincidió con la agudización de la crisis económica en Venezuela y los elevados precios del oro”, dice.
María Teresa Quispe, directora de Wataniba, comenta que es clave que exista una planificación binacional en territorios fronterizos cuando se trata de delitos ambientales, considerando la violencia que ha traído la desmovilización de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También señala el alza internacional del precio del oro como un factor importante, junto con la crisis económica venezolana y las sanciones internacionales contra el país, que ha incentivado el crecimiento de la minería aurífera.
