Colombia: Piden investigar a las Farc por daños ambientales

El Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía que evalúe si es procedente investigar a las Farc y los miembros que hayan participado en violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996 en jurisdicción del municipio de Puerres.

 
La solicitud la hizo el Alto Tribunal al resolver el proceso en el cual se pidió analizar la responsabilidad del Estado y del grupo armado ilegal en el más brutal ataque que ha perpetrado la guerrilla en contra del Ejército y en el cual murieron 33 uniformados, 17 resultaron heridos y otros fueron secuestrados, cuando un convoy del Ejército fue emboscado por un grupo aproximado de 500 guerrilleros en la vía entre Puerres y Monopamba en el departamento de Nariño.
 
En los mismos hechos se demostró que el grupo armado ilegal hizo explotar el oleoducto Transandino y remató a los uniformados que quedaron con vida. Por eso es la primera vez que el Consejo de Estado pide reparación por el daño ambiental.
 
La Sección Tercera declaró patrimonialmente responsable al Ejército debido a su omisión en el deber de protección de los soldados y lo condenó a pagar más de 600 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados a las familias de las víctimas.
 
En el proceso se acreditó que el Ejército incurrió en varias fallas: primero, no se hizo la labor de inteligencia establecida para los desplazamientos de las fuerzas, pese a que existían rumores entre los mismos pobladores sobre un posible ataque, por el contrario, se incurrió en la denominada concentración de fuerzas (dejar grandes grupos de uniformados en una misma zona o por una misma vía).
 
En segundo lugar, no se realizaron los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el manual de operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía, por el contrario, recogieron a otros soldados.
 
Se demostró que los vehículos empleados en el desplazamiento no eran los más indicados, pues no servían para nuestra topografía. Además, se vulneraron principios de protocolo, pues en el primer vehículo no pueden ir los equipos de comunicaciones y se hizo de esa manera, por lo que en el ataque no pudieron informar su situación.
 
Finalmente, se comprobó fallas en la cadena de mando, por lo que el Consejo de Estado llama en garantía a los coroneles de la Tercera Brigada, que se desempeñaban como tal en la época, pues el apoyo no fue oportuno y solo llegó cuando fueron masacrados varios militares, otros heridos y algunos secuestrados.
 
“El Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección”, afirma la sentencia.
 
La Sala señaló que el grupo Farc violó los convenios 2 y 3 de Ginebra referentes al principio de humanidad en el conflicto, pues según la necropsia practicada, algunos cadáveres tenían tiro de gracia con el cual fueron rematados luego de ser heridos.
 
“La muerte de personas en el marco de un conflicto armado interno no puede tener como unívoca lectura la constatación del fallecimiento material, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana”, afirma dicha norma convencional. Por tanto, la situación de conflicto armado interno en la que se encuentra el país desde hace décadas, exige del Estado, con mayor rigor, “cumplir con su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que participan en el mismo”.
 
El fallo reiteró el concepto de víctima y su extensión a la familia de la víctima directa, por lo que pidió que los familiares sean incluidos en la Ley de Víctimas.

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