El territorio de Costa Rica tiene 10 veces más mar que tierra. Esto le permite al país beneficiarse de abundantes recursos marinos. Sin embargo, monitorear ese espacio representa un gran desafío.
Por ahora, el acceso a la información que tienen científicos, conservacionistas o cualquier persona que se interese en saber dónde están pescando los barcos costarricenses es limitada. El Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS), que entrega datos sobre el posicionamiento de las naves, es privado y solo el gobierno tiene acceso a él. Sin embargo, esto dejará de ser así.
Costa Rica firmó un convenio con Global Fishing Watch (GFW) —un programa que busca transparentar la actividad pesquera en el mundo— para unirse a la lista de naciones que han hecho pública la información satelital de sus flotas con el objetivo de combatir la pesca ilegal, la sobrepesca y mejorar la protección de los mares.
La pesca ilegal en Costa Rica
El Parque Nacional Isla Coco, una de las áreas marinas protegidas más emblemáticas de Costa Rica, fue durante años víctima de una intensa pesca ilegal.
Una investigación realizada por científicos de la organización Misión Tiburón junto al Parque Nacional Isla Coco y publicada en la revista académica de la Universidad de Costa Rica señala que en 405 patrullajes realizados al interior del parque, entre 2012 y 2014, se encontraron 108 líneas de pesca ilegal a la deriva, representando 503.8 km de palangre ilegal y 12 906 anzuelos.
Geiner Golfin, administrador del Área Marina de Manejo Montes Submarinos, asegura que entre el 2000 y 2006 eran avistadas, en promedio, 144 embarcaciones anuales al interior del Parque Nacional Isla Coco. Con el correr de los años, la ilegalidad en esta área protegida ha disminuido considerablemente, y entre 2017 y lo que va de 2020 el número de embarcaciones se ha reducido a seis, asegura Golfin.
En opinión del biólogo marino, esto ha sido resultado de una serie de medidas que se ha ido implementando en las últimas dos décadas. “Del 2004 al 2010 se hizo mucho hincapié en el control y en la vigilancia, se hizo mucha inversión”, dice. Además agrega que en 2011, con la creación del Área Marina de Manejo Montes Submarinos que rodea el Parque Nacional Isla Coco, se prohibió el acceso a los barcos que utilizan redes de arrastre y la pesca semi industrial e industrial que hacían presión alrededor del área. También “en 2014 se hace un ordenamiento en la zona económica exclusiva para el aprovechamiento del atún y especies afines, y en 2015 empieza a instalarse un radar [en las embarcaciones]. Todo eso sumado hizo que la pesca ilegal dejara ser tan fuerte como era antes”, dice Golfin.
Sin embargo, el delito no ha desaparecido por completo y continúa representando una amenaza para la biodiversidad de Isla Coco, considerada una isla hermana del archipiélago de Galápagos, ya que especies emblemáticas como el tiburón martillo se desplazan entre un espacio y el otro.
Randall Arauz, biólogo marino miembro de la organización científica Migramar, asegura que barcos palangreros —que utilizan como arte de pesca el palangre— que están autorizados y con licencia para pescar dorado (Coryphaena hippurus), van hasta los límites del área protegida para supuestamente capturar este recurso. El problema, advierte el científico, es que el dorado es un recurso estacional y aparece en esta región entre diciembre, abril y mayo. “Cuando llueve ya no hay dorado, pero los barcos siguen operando y es que estos barcos realmente son barcos tiburoneros”, dice y algunas veces ingresan al área protegida, agrega.
De hecho, la publicación de Misión Tiburón asegura que “aunque hubo una presencia constante de embarcaciones pesqueras durante todo el periodo de estudio, fue en los meses lluviosos (abril-setiembre) donde se halló el mayor número de líneas de pesca” y que “en el 2014 los meses con mayores hallazgos fueron entre abril y agosto, meses lluviosos en los cuales se encontró más 90 % de las líneas de pesca”.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), autoridad costarricense en asuntos pesqueros, señala que en el país existe una flota “multiespecífica” de mediana y avanzada escala autorizada para capturar distintas especies pelágicas entre ellas tiburón, principalmente el sedoso (Carcharhinus falciformis), dorado, pez espada (Xiphias gladius), pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Tetrapturus).
Sin embargo, advierte que se han establecido normas para la pesca de tiburón. Una de ellas es que las embarcaciones no pueden pescar en zonas de alumbramiento del tiburón sedoso. Otra es que máximo el 20 % del total de la pesca que un barco desembarque por viaje puede ser tiburón sedoso y que, de ese total de tiburones capturados, solo el 20 % puede medir menos de 100 cm.
Además, el organismo agrega que en el caso de que los barcos palangreros sobrepasen ese porcentaje, se prohíbe durante un periodo de tres meses consecutivos cada año el uso de reinales de acero, un gancho reforzado con metal que se utiliza en la pesca dirigida a tiburones.
Randall asegura, no obstante, que “en épocas en que no hay dorado [los barcos] pescan 80 % de tiburón”.
En agosto de 2019, Costa Rica prohibió la pesca por arrastre, un método que consiste en barrer el fondo del mar mediante una red y que es utilizado principalmente por la industria camaronera. A pesar de ello, el científico asegura que “tenemos evidencia de barcos camaroneros operando a 12 millas de la costa y sin ningún dispositivo puesto, con la matrícula pintada”.
Por otro lado, Fundación Malpelo, en Colombia, ha denunciado en distintas oportunidades que embarcaciones costarricenses y ecuatorianas pescan ilegalmente al interior Malpelo, un área protegida colombiana que, al igual que Isla Coco, es también ‘hermana’ de Galápagos. “Es un hecho terrible el que está pasando en la zona de Malpelo. Allí están operando embarcaciones de Ecuador y Costa Rica generando un grave problema de pesca ilegal de tiburón martillo (Sphyrna lewini), pargos (Pagrus), atunes (Thunnus), otros peces”, relató Felipe Ladino de la Fundación Malpelo a radio Caracol el año pasado.
Desde el Incopesca aseguraron que están trabajando en el fortalecimiento del Centro de Monitoreo Satelital, el lugar desde donde se observa y fiscaliza tanto a la flota nacional como a la internacional que opera al interior de las aguas jurisdiccionales del país. “Además se viene trabajando con el Servicio Nacional de Guardacostas, con el objetivo de fortalecer el Centro y fortalecer las acciones coordinadas en materia de control y vigilancia, así como el combate a la pesca ilegal en línea con el Acuerdo Medidas Estado Rector Puerto”, señala el organismo.
La apertura de datos VMS se une así al esfuerzo de medidas que el país viene adoptando para combatir la pesca ilegal, ya que le permitirá a científicos, conservacionistas y también a los gobiernos de otros países —entre ellos Colombia— ver dónde están pescando las embarcaciones costarricenses.
Las oportunidades que se abren
Si bien son varias las plataformas satelitales que permiten visualizar, incluso en tiempo real, la posición de los barcos en los océanos del planeta y sus trayectorias, GFW tiene la ventaja de ser la única que tiene un algoritmo para identificar actividades de pesca.
En dicha plataforma es posible observar actualmente más de 70 000 barcos a nivel global cuyo monitoreo se basa principalmente en el sistema AIS (Sistema Automático de Identificación): un mecanismo de transmisión de radio instalado en gran parte de la flota mundial.
Sin embargo, puesto que no todas las embarcaciones en el mundo utilizan esta herramienta, GFW busca crear alianzas con los países para que hagan pública la información del sistema VMS.
Por el momento son Indonesia, Perú, Chile, Panamá y ahora Costa Rica quienes han accedido a transparentar esa información para ampliar la cobertura de la plataforma y que de esa manera sean cada vez más las embarcaciones monitoreadas.
“Compartimos que una mayor transparencia pesquera permite fortalecer el monitoreo, control y vigilancia, y servir de apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales para combatir la pesca ilegal”, señaló el Incopesca.
Mónica Espinoza, Gerente Regional para América Latina de GFW, explica que al abrir los datos VMS, los pescadores son conscientes de que sus embarcaciones se van a visibilizar y modifican sus comportamientos. Evitan realizar actividades ilegales como, por ejemplo, pescar en áreas marinas protegidas donde está prohibida la pesca o en épocas de veda.
La experta agrega que al transparentar los datos satelitales, es posible generar reportes de actividad pesquera y así, por ejemplo, advertir a los países cuándo y dónde es necesario reforzar la vigilancia de sus mares. “Si un barco de bandera costarricense está teniendo, por ejemplo, actividades sospechosas en Colombia, se informa a las autoridades de ambos países para que entre ellas coordinen”. Proteger los océanos necesita un enfoque de cooperación regional ya que los recursos marinos no saben de fronteras, asegura Espinoza.
En 2018 Costa Rica empezó a hacer las primeras gestiones para abrir sus datos VMS, sin embargo, no es hasta ahora que la firma del convenio se pudo concretar. “Ahora viene una segunda parte que es la integración de la información en el sistema de GFW”, dice Espinoza y agrega que actualmente se está coordinando con el Incopesca “la mejor forma de transmitir esa información de manera segura”.
