En la última década se ha notado un incremento en la relevancia de los modelos híbridos de negocio y la creación de mercados e instrumentos financieros sostenibles que benefician a las personas y al planeta. De la misma forma el movimiento de las inversiones de impacto ha ganado mucha fuerza y por ello distintos gobiernos han intentado catalizar los sectores de impacto en busca de resultados más eficaces, y de economías más sostenibles e inclusivas.
De acuerdo al último informe del Global Impact Investing Network (GIIN), el tamaño del mercado de inversión de impacto global – estimado a finales de 2019 – es de usd 715.000 millones.
El 4% de ese importe está en América Latina y el caribe (incluido México). Conforme al último informe del GIIN, América Latina presentó una tasa de crecimiento anual, en términos de inversiones de impacto, compuesta del 21% entre 2015 y 2019 detrás de Europa y Sudeste asiático.
En este sentido, en la región entre los años 2016 y 2017 se llevaron a cabo unas 860 inversiones de impacto que totalizaron unos USD 1.400 millones, conforme un reporte elaborado en 2018 por la Aspen Network of Development Entrepreneurs y la Latin American Venture Capital Association.
Es así que Keidos, una consultora legal para el desarrollo sostenible, confeccionó un informe jurídico sobre el estado de situación de las inversiones de impacto en Argentina con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos y brindarse como una herramienta que sirva de guía respecto de regulaciones de gobiernos que –como catalizadores del ecosistema de impacto– están animando a los diversos actores del ecosistema a contribuir con la economía de impacto. También se acercan recomendaciones -informadas y estratégicas- sobre posibles acciones a seguir.
Las Inversiones de impacto en el país y la región desde un enfoque legal
Partiendo de la base de qué son las inversiones de impacto, el informe se centra en un análisis del marco normativo del ecosistema de impacto en Argentina (leyes nacionales y provinciales, ordenanzas, programas y acciones que promueven este tipo de inversiones, las empresas con propósito, y las compras públicas sostenibles, entre otros). A partir del relevamiento normativo, se proponen 6 ejes sobre los cuales diagramar las bases de un marco jurídico que acoja de forma sistemática el impacto social, ambiental y económico, y a las inversiones de impacto:
- El reconocimiento jurídico y fiscal de las diversas expresiones de empresas con propósito;
- Incentivos;
- Acceso al capital: Formas e Instrumentos;
- Incorporación, medición, gestión, divulgación y reporte de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), en toma de decisiones de inversión y gestión de las organizaciones;
- Adquisición y contratación pública sostenible; y finalmente
- contratos basados en resultados. Todo ellos a través de ejemplos regionales e internacionales.
El reporte también hace hincapié en posibles cambios normativos, y remarca la importancia fundamental de contar con una planificación estratégica para el desarrollo e impulso de las inversiones y modelos de negocios de impacto.
En este sentido, propone también un conjunto de acciones para incentivar un ambiente favorable para el ecosistema de impacto, facilitar su implementación y promover el desarrollo de políticas públicas adecuadas. Por último, se suman al informe ejemplos de estrategias nacionales y regionales, para visibilizar cómo diferentes países en el mundo traccionan de forma transversal las políticas públicas de la economía de impacto.
“En este sentido en el informe advertimos que, en nuestra región, legislar sobre el impacto es complejo: la ley tiene vocación de permanencia y no cuenta con el dinamismo que la determinación del impacto, su gestión, medición y reporte requiere”, comenta Constanza Connolly de Keidos.
De esa forma se identifican los distintos desafíos que aquello presenta facilitando para cada uno posibles acciones para su mejor abordaje.
Empresas, gobiernos y legislación, unidas para un mundo sostenible
La agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que dictó los ODS lleva implícito el reconocimiento que el actual modelo de desarrollo global es insostenible, y que se necesita adoptar un nuevo modelo de desarrollo que transforme la forma en la que se entiende la economía y el progreso.
Los impactos sociales y económicos de la pandemia visibilizan la necesidad y urgencia de reconstruir la economía desde una lógica de impacto en sus tres dimensiones: económico, social y ambiental. Es así como nace lo que se conoce como “Economía de impacto” que busca generar beneficios al conjunto de la sociedad y que contribuya al bien público.
El rol del Gobierno como catalizador de las inversiones de impacto y ecosistema de impacto es preponderante. Argentina presenta ciertas dificultades para atraer y fomentar las inversiones en general y las inversiones de impacto.
Algunas de ellas se encuentran dentro del marco normativo vigente, mientras que otras se relacionan al contexto y a la misma coyuntura del país. El informe señala que a la hora de pensar un marco jurídico que decida acoger el impacto y el desarrollo de políticas públicas que lo impulsen esas dificultades no pueden ignorarse, sino que deben ser consideradas e incluidas dentro de esa misma construcción.
El caso de Argentina: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
En un país federal como Argentina el marco normativo de las inversiones de impacto exige de un profundo análisis del estado del ordenamiento jurídico vigente (nacional, provincial y municipal), como así también de la consideración de la coyuntura de la jurisdicción en donde se quiera aplicar o replicar una norma. Las inversiones de impacto precisan de normas capaces de impulsarlas de manera eficaz, a fin de movilizar y dirigir flujos de capital privado y público para resolver los actuales desafíos sociales y ambientales, y alcanzar los ODS
Respecto de este punto desde Keidos impacto legal aseguran que “Existe consenso a nivel internacional (adoptado ya por algunos gobiernos en Europa, USA, y algunas iniciativas a nivel internacional) de que Covid nos presenta con la oportunidad de reconstruir las economías mejor de lo que teníamos antes de la pandemia, buscando soluciones de crecimiento sostenibles que respeten los límites planetarios y humanos.
El “New Green Deal” se logrará si existe una acción conjunta del sector privado, gubernamental, financiero y de la sociedad en su conjunto para re direccionar el sistema económico, de producción y financiero con un sentido de misión claro, que vele y proteja por el interés público común y del medioambiente. Argentina no es ajena a esta oportunidad, pero aún es necesario que los esfuerzos aislados que surgen de diversos sectores se coordinen y direccionen hacia un fin común. En tal sentido una regulación que observe este cambio de paradigma, y el respeto a la norma ya escrita aceleran la transición.
