Finalmente, se concretó la victoria de ambientalistas y vecinos que gracias a su movilización lograron que la Legislatura de Mendoza derogue la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez, ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia, y ante la presión el mismo mandatario provincial, después que la norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, decidió dar marcha atrás.
En el mismo día que ingresó el proyecto de derogación la Legislatura lo aprobó. Hubo dos votos en contra: de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial que es netamente minero.
La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: «Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo», afirmó.
En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: «Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: ‘Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'».
En la Cámara de Diputados, tras un debate «exprés», se dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera», y se decidió volver a «fojas cero», por lo tanto vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.
Afuera de la Legislatura, unas 3.000 personas se fueron concentrando sobre la Plaza Independencia para seguir las alternativas del tratamiento de ambas cámaras para la derogación de la Ley 9.209.
Los asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de altoparlantes instalados afuera de la Legislatura con un elocuente sentido festivo.
