La legislatura jujeña aprobó la anulación de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas en el Parque Nacional Calilegua. La medida surge en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, y a la intensa campaña de Greenpeace, que contó con el apoyo de más de 270 mil personas y expuso lo absurdo, peligroso e ilegal que resulta extraer petróleo en un área protegida.
‘Es una medida para celebrar, un logro de todos los argentinos: salvamos el Parque Nacional de la voracidad petrolera. La extracción de hidrocarburos en Calilegua violaba tres leyes nacionales e implicaba un riesgo enorme para miles de hectáreas de Selva de Yungas, además de ser un antecedente sumamente peligroso para las áreas protegidas de todo el país. Ahora se deben remediar los pasivos ambientales’,afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista se sumó al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Fundación Pámpanos y legisladores, y difundió un informe que daba cuenta de los impactos de la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, y advertía que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la propia empresa admite que la expansión de las actividades hidrocarburíferas en el área protegida ponían en riesgo de contaminación por derrames, incendios y derrumbes más de 20 mil hectáreas de selva, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires. La explotación petrolera en Calilegua era contraria a tres leyes nacionales: la de Parques Nacionales (22.351), la de Bosques Nativos (26.331) y la de Hidrocarburos (17.319).
