En medio de la crisis global del coronavirus, la deforestación de la Amazonía brasileña no se detiene. Las alertas registradas en marzo por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) crecieron un 29,9%. Es el segundo peor dato de los últimos cinco años, en los que fue destruida un área de casi 27.000 kilómetros cuadrados.
Solo en los primeros tres meses de 2020, la deforestación en la región amazónica aumentó un 51% con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, fueron derribados 796 kilómetros cuadrados, un área que equivale a la ciudad de Nueva York. La perspectiva es que este fenómeno aumente a partir de mayo, con el inicio del periodo de sequía. Esto significa que podrían repetirse los terribles incendios forestales, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo el año pasado.
“Todo indica que sigue la escalada de la deforestación registrada en 2019, cuando las estadísticas superaron todos los récords de los años anteriores. Aquella dinámica no ha sido afectada en absoluto por la crisis del coronavirus. Por el contrario, está aumentando dentro de las reservas protegidas”, señala a France 24 Antônio Oviedo, ingeniero agrónomo e investigador del Instituto Socioambiental (ISA). Según este experto, la falta de fiscalización se debe tanto a la pandemia como a los recortes de presupuesto impulsados por el Gobierno federal. La consecuencia principal es que se ha disparado el número de invasiones.
“Desde 2019 registramos que la tendencia de la deforestación ilegal acompaña muy de cerca los discursos del actual Gobierno”, explica Oviedo. A finales del año pasado, el ISA publicó un estudio sobre esta correlación. En él queda demostrado que, cuando el ministro de Medio Ambiente visitó una ciudad del Estado de Rondonia y dijo que los agentes encargados de la fiscalización no destruirían los instrumentos usados por los madereros, o cada vez que el presidente Jair Bolsonaro hizo una conexión en directo desde sus redes sociales para apoyar la explotación económica de la Amazonía, los datos oficiales del INPE mostraron al mes siguiente una escalada significativa de la deforestación ilegal. “Está claro que el discurso del Gobierno funciona como un mensaje catalizador para las personas que trabajan en la ilegalidad”, agrega Oviedo.
Desde la campaña electoral de 2018, el presidente del país tropical prometió que promovería la explotación económica de la región amazónica en cuanto llegase al poder, así como la revisión del estatus de las tierras de las reservas protegidas, donde viven más de 300 pueblos indígenas. Frases como “hay mucha tierra para poco indio” han dado alas a madereros, buscadores de oro y todo tipo de invasores, que se sienten respaldados por el discurso oficial y se atreven a cometer cada vez más actos ilícitos.
La vigilancia de las tierras, amenazada en tiempos de coronavirus
El año pasado, un equipo de France 24 visitó la reserva de los indígenas Uru-Eu-Uaw-Uaw, en el Estado brasileño de Rondonia. En aquel momento estaban enfrentando las invasiones de los ‘grileiros’, los ladrones de tierras que usurpan ilegalmente los terrenos y los revenden con papeles falsos. La visita ocurrió de la mano de Ivaneide Bandeira, ‘Neidinha’, fundadora de la Asociación de Defensa Etno-ambiental Kanindé, que trabaja desde hace tres décadas este pueblo indígena.
La semana pasada, esta organización donó cestas básicas con alimentos y artículos de higiene personal a más de 200 familias indígenas de las aldeas Uru-Eu-Uaw-Uaw y Paiter Suruí. En una conversación telefónica, Neidinha relató a France 24 que la situación sanitaria de estos nativos es muy precaria. “No hay médicos ni enfermeros desde que acabó el programa de los médicos cubanos”, alerta.
En los últimos meses, la Asociación Kanindé había implementado un programa de vigilancia de la reserva indígena Uru-Eu-Uaw-Uaw a través de drones. Neidinha se encargó de que algunos líderes recibiesen una formación en Porto Velho, la capital de Rondonia. Ahora esta activista se muestra preocupada por el papel de fiscalización que los Uru-Eu-Uaw-Uaw han asumido para defender sus tierras.
“Yo les digo que paren de patrullar su territorio y que no hablen con los invasores, para reducir al máximo todo riesgo de contagio. Les aconsejo que me manden toda la información para que yo misma pueda presentar las denuncias a la Policía”, afirma la fundadora de Kanindé, al mismo tiempo que confirma un aumento de los actos delictivos y de las invasiones frente a la falta de fiscalización en medio de la pandemia. “Los invasores no obedecen a las órdenes de confinamiento. Ellos entran en las reserva para apropiarse ilegalmente de las tierras. Por eso precisamos que el Gobierno tome medida para mejorar la fiscalización”, concluye.
En el complejo escenario trazado por el coronavirus, las incursiones ilegales en las reservas indígenas protegidas representan un doble peligro: destruyen el medio ambiente y contribuyen a propagar la enfermedad. La mayoría de los 850.000 indígenas de Brasil son especialmente vulnerables a las enfermedades contagiosas debido a su estilo de vida, ya que muchos están totalmente aislados de la sociedad urbana.
Los indígenas y el riesgo de contagio de Covid-19 por incursiones ilegales
A lo largo de la historia de Brasil, varias epidemias asolaron a las poblaciones nativas. En el siglo pasado el sarampión mató a miles de indígenas y la influenza costó muchas vidas cuando la dictadura militar decidió construir carreteras en medio de la selva, en la década de 1970. Más recientemente, en 2016, el H1N1 provocó el deceso de cientos de indígenas, principalmente de los pueblos guaraní en el sur de Brasil, donde aproximadamente la mitad de ellos se contagiaron.
Por esta razón, en las últimas semanas hubo una movilización para hacer frente a la amenaza de la pandemia, ya que la mayoría de los indígenas tiene un acceso limitado a los hospitales. El 18 de marzo la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el órgano responsable de implementar la política indigenista del Gobierno Federal, prohibió la entrada de cualquier persona a las reservas para reducir las posibilidades de contagio. “Exigimos la remoción inmediata de todos los intrusos, mineros, madereros, cazadores furtivos, narcotraficantes, acaparadores de tierras, misioneros y turistas que pueden ser vectores de transmisión”, ha reclamado Nara Baré, directora de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COIAB).
Aún así, el Covid-19 ya se ha cobrado la vida de un joven indígena del pueblo Yanomami. Tenía 15 años y vivía en la reserva más grande de Brasil, en el Estado de Roraima, cerca de Venezuela. El 3 de abril el adolescente llegó al hospital con un cuadro clínico delicado, alegando falta de aire, fiebre y dolor en el pecho y de garganta. La primera prueba diagnóstica de Alvanei Xirixana dio negativo, pero la contraprueba confirmó la presencia del virus.
Ahora expertos en salud y grupos indígenas exigen que también sean expulsados los cerca de 20.000 mineros de oro informales que devastan a diario la reserva de los Yanomami, donde viven cerca de 26.000 nativos. Cabe destacar que Bolsonaro ha declarado públicamente y en varias ocasiones su intención de legalizar la minería del oro.
Mientras tanto, el ministro de Sanidad, Luiz Henrique Mandetta, informó esta semana que el Gobierno central planea la construcción de un hospital de campaña para indígenas. Además, la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), perteneciente al Ministerio da Sanidad, ha creado un comité de crisis para definir una batería de acciones para frenar la llegada del Covid-19 a las aldeas.
Los profesionales que trabajan con la población indígena temen una masacre. “Los médicos y epidemiólogos tienen un pronóstico muy preocupante. Los indígenas suelen vivir en casas colectivas, comparten utensilios para la caza y la alimentación, y duermen en hamacas colectivas. Todo esto puede aumentar la propagación del virus. Además, en muchas reservas hay problemas de anemia, desnutrición y problemas respiratorios causados por los incendios dolosos de los invasores. Todo esto aumenta la predisposición de estos pueblos a contraer la enfermedad”, destaca Antônio Oviedo del Instituto Socioambiental.
La presión de la pandemia no amenaza solo las reservas indígenas, sino también las grandes ciudades de la región amazónica. En Manaos, la capital del Estado del Amazonas, ya se registra un colapso de los hospitales y de los servicios funerarios por causa del Covid-19. En esta ciudad de dos millones de habitantes hay 863 casos confirmados y 42 fallecimientos, aunque los datos pueden ser sensiblemente más altos, como en el resto de Brasil, por la falta de pruebas diagnósticas realizadas en pacientes y cadáveres. “Los entierros están creciendo de manera exponencial, así como las muertes. Es una situación que deja a las personas nerviosas y estresadas. Actitudes como la del presidente [Bolsonaro], que sale tranquilamente a la calle y muestra que para él no hay peligro, provocan que muchas calles de Manaos estén llenas de coches”, se queja el alcalde de Manaos, Arthur Virgílio Neto.
