Cientos de personas abarrotaron el viernes 31 de enero el funeral del activista Homero Gómez González, guardián de la mariposa monarca y férreo defensor de los bosques de Michoacán. Familiares, amigos, vecinos y ejidatarios rindieron homenaje en el santuario al que dedicó su trabajo y donde cientos de veces fuera visto rodeado por miles de ejemplares de esta especie.
Luego de 16 días desaparecido, el cuerpo de Homero Gómez González fue encontrado en un pozo de agua a 100 metros de la última ubicación conocida. La primera versión oficial fue de “asfixia accidental tras caer en una olla de riego”, pero tanto conocidos, como habitantes de la zona dudaron de esta explicación.
Más recientemente, la Fiscalía de Michoacán reveló que el cuerpo del también guardabosques, presentaba una herida en la cabeza. A pesar de esto, las autoridades no dieron más información sobre la lesión y tampoco revelaron cómo podría haber sido infligida.
Sin embargo, los parientes dijeron a los medios locales que el conservacionista había recibido amenazas de una banda del crimen organizado.
La labor de Homero Gómez fue promover el turismo sustentable en el santuario de la mariposa monarca “El Rosario”, pero además, junto con decenas de ejidatarios lograron disminuir y casi erradicar la tala clandestina y el cambio de uso de suelo en los bosques del oriente de Michoacán, a pesar de la casi nula ayuda del gobierno.
Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) reconocieron el trabajo de Gómez González y los ejidatarios de la zona, calificando al sitio como un ejemplo mundial para la conservación de ecosistemas.
Apenas dos días después de aparecer el cuerpo de Gómez González, otro activista del mismo santuario apareció asesinado, con signos de tortura, se trata de Raúl Hernández, quien se desempeñaba como guía de la zona, compañeros de trabajo apuntaron a la actividad de bandas de talamontes y narcotráfico en la zona.
Y es que según relata una investigación del diario local, La Voz de Michoacán: “Los defensores de El Rosario han logrado lo que a nivel estado casi parecía imposible: detener la tala ilegal e incluso revertir el cambio de uso de suelo por medio de la conversión de lo que anteriormente eran sembradíos de maíz, trigo y avena en grandes y verdes bosques que les dotan de servicios como agua, madera para leña y otras prácticas silvícolas”.
Mayte Cardona, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán declaró a la agencia Reuters que los activistas “seguramente estaba afectando intereses de personas que se dedican a talar de forma ilegal en la zona”, y por tanto la investigación de su desaparición y posterior muerte debían ser relacionadas con su actividad por los bosques.
En México los activistas ambientales se enfrentan a grandes capitales que ponen por enfrente sus necesidades particulares. La principal amenaza de los activistas ambientales es la impunidad y la corrupción que existe en todos los niveles de gobierno, coludidos además, con el crimen organizado.
Hasta septiembre del 2019, Amnistía Internacional había documentado el asesinato de al menos 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, casi en todos los casos, habían denunciado agresiones o intimidaciones en su contra.
Esa cifra fue presentada en un comunicado para difundir la campaña “México: Alza la voz por quienes defienden su hogar y nuestro medio ambiente”, donde la organización señala que el país es uno de los más peligrosos en el mundo para la defensa del territorio y el medio ambiente.
Sin embargo este número ha aumentado con el paso de los meses. De octubre de 2019 a febrero de 2020 se registraron al menos 3 asesinatos más de defensores del medio ambiente y a activistas que denunciaban el avance de megaproyectos, dando una cifra de 15 muertes durante el primer año de gobierno de López Obrador.
Entre los casos más sonados han sido, además de Homero Gómez y de Raúl Hernández, el más reciente hasta ahora, están el rapero TíoBad en diciembre, Nora López en agosto, José Luis Álvarez en junio y Samir Flores Soberanes en febrero pasado, todos aún impunes.
Las expectativas eran altas para el gobierno de López Obrador en cuanto a sus políticas ambientales, pues desde su campaña presidencial en el 2018 señaló que su administración se centraría en el “respeto hacía la madre tierra y los pueblos indígenas”, llegando a presidir una ceremonia para “pedir permiso a la naturaleza” para poder iniciar obras del Tren Maya.
Sin embargo, estas promesas dieron un “volantazo”, ya en la presidencia, pues su gobierno apuesta por beneficiar al sector empresarial.
El gobierno de la 4T comenzó a impulsar una serie de megaproyectos, que han sido señalados por académicos y comunidades originarias como devastadores con el medio ambiente, además de haber sido impuestos sin consultas previas de acuerdo a la legislación internacional.
Entre los más cuestionados están la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, misma que ocasionó la pérdida de una vasta extensión de mangle, El Tren Maya, que fue impuesto en una consulta amañada y que representa la devastación una de las selvas de mayor importancia a nivel mundial, el Proyecto Integral Morelos, ampliamente repudiado por las comunidades, ya que representa el despojo de sus tierras, y el Corredor Transístmico, en el cual aún no se tiene claro el tamaño del despojo y degradación ambiental que podría causar en la zona de Oaxaca – Veracruz.
Global Witness también advirtió sobre la represión y criminalización a quienes luchan por preservar el medio ambiente, pues hay evidencia de las autoridades y las empresas están utilizando los tribunales y los sistemas legales de los países como instrumentos de opresión contra quienes amenazan su poder e intereses.
En México el caso más sonado es el de la “Ley Garrote”, donde la legislatura estatal de Tabasco aprobó una ley para acabar con el activismo, incluidas sentencias de prisión de hasta 20 años por bloquear el acceso de las empresas a sus operaciones, esta medida fue implementada debido a la construcción de la misma refinería en el estado.
En noviembre de 2019 una defensora del bosque oaxaqueño Irma Galindo, fue reportada como desaparecida, después de que hubiera denunciado a grupos de talamontes en su comunidad, la activista apareció semanas después denunciando que tuvo que esconderse pues había sufrido amenazas de muerte.
Por otro lado en enero de este año, el activista Miguel López fue encarcelado en Puebla, por oponerse al despojo de agua en el río Metlapanapa, que ha sido concesionado a empresas por parte del gobierno del morenista Miguel Barbosa.
El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, impulsor de la mega minería en el norte del país, declaró que buscará que la Guardia Nacional realice operaciones de vigilancia para “proteger a los activistas ambientales”, misma corporación que reprime y deporta a migrantes en la frontera sur de México, y que fue creada como continuación de la estrategia de la guerra contra las drogas, una de las causantes del despojo hacia comunidades originarias.
México ocupa el sexto lugar en la lista de los países más peligrosos para defender a la naturaleza, esto según el reporte de la ONG Global Witness, las principales amenazas para los recursos naturales, según la misma organización, son los agronegocios, la minería, los megaproyectos y el narcotráfico, sumadas a la impunidad con la que ocurren las agresiones hacia los activistas ambientalistas.
