Presionado por las protestas de los habitantes de la provincia y de movimientos ambientalistas de todo el país, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que suspenderá la reglamentación de la ley minera, mientras se generará un diálogo abierto «sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua».
«Voy a suspender la reglamentación de la ley», adelantó el gobernador y anunció que habrá debates para generar un diálogo abierto y consenso social, porque queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad».
Hace apenas 48 horas el Gobierno de Mendoza promulgó en el Boletín Oficial los cambios a la Ley 7.722 que permitía el uso de sustancias químicas en la minería con las enmiendas aprobadas el viernes pasado en la Legislatura provincial.
Sin embargo, desde ese mismo día se repitieron las protestas de los habitantes de la provincia, de organizaciones de ambientalistas y otros sectores de la sociedad civil que criticaron la iniciativa. Incluso, las Reinas de la Vendimia se pusieron en pie de guerra contra el beneficio a las mineras y amenazaban con que no se realice la tradicional celebración.
En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 básicamente se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca, habilitando la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.
Entre las modificaciones, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que debía informar anualmente el estado del ambiente en la provincia en relación con la actividad minera y petrolera, así como también el cumplimiento de las normas de cuidado y preservación del agua y del ambiente.
En su artículo 1°, la norma enuncia que para «garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad establecidos», establecía que el control de la actividad minera se realizará a través de leyes nacionales.
