La Comisión Europea ha lanzado un rotundo mensaje hacia dentro y hacia fuera de sus fronteras: si una empresa no incluye la lucha contra el cambio climático entre sus prioridades, tendrá cada vez más complicado acceder y operar en el mercado europeo, el más poderoso del mundo por población (casi 450 millones de habitantes) y poder adquisitivo.
Una de las señales más claras está dirigida a la industria del motor. Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender autos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de gasolina, diésel, gas e híbridos.
La Comisión se alinea así con lo que ya estaban proponiendo algunos países, con lo que varias firmas europeas, como Volvo o Volkswagen, habían puesto sobre la mesa y con las preferencias que están mostrando en gran medida los consumidores. La medida es un mensaje a los fabricantes europeos para que aceleren su transformación hacia el coche eléctrico y una advertencia a las firmas de fuera para que cambien si quieren seguir haciendo negocio en Europa.
Aunque importante, el veto a los coches de combustión no es la única medida que ha puesto sobre la mesa la Comisión.
Bruselas, de hecho, se ha convertido en la capital mundial de la lucha contra el cambio climático con la aprobación de los primeros proyectos legislativos para acelerar drásticamente la reducción de emisiones de efecto invernadero durante esta década.
Europa fue el primer continente que se marcó el objetivo de lograr la neutralidad climática (cero emisiones) en 2050 y ahora se adelanta al resto de la comunidad internacional en la fijación de las primeras medidas concretas para alcanzarlo.
El plan, bautizado con el estrambótico nombre en inglés de Fit for 55 (en forma para el 55, en inglés), incluye también el objetivo de duplicar las energías renovables hasta alcanzar el 40% de cuota en 2030, la fijación por primera vez de objetivos obligatorios de eficiencia energética y el endurecimiento de las condiciones del mercado de emisiones para elevar el precio de la tonelada de CO₂.
Además, se obliga al sector del transporte y al de la vivienda a crear su propio mercado de emisiones. Todo ello se complementa con un mecanismo de ajuste en fronteras que a partir de 2026 penalizará las importaciones en ciertos sectores de compañías cuya producción no se ajuste a los estándares europeos de limpieza.
“La economía de los combustibles fósiles ha llegado a sus límites”, ha sentenciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación de toda una batería de propuestas legislativas.
“Queremos dejar a la próxima generación un planeta saludable y también buenos empleos y un crecimiento que no dañe a la naturaleza”, ha añadido la dirigente europea. “Las metas climáticas ya no son solo un objetivo político, sino también una obligación legal”, ha afirmado la presidenta de la Comisión.
A partir de ahora, en los próximos meses, la Comisión tendrá que pactar con el Parlamento Europeo y con los gobiernos de los Veintisiete todas estas medidas en una negociación que se prevé dura. Y, una vez que esté acordado todo el paquete normativo, los países tendrán que actualizar sus planes de energía y clima para ser más ambiciosos.
El plan incluye la creación de un fondo social de 72.000 millones de euros en el período 2025-2032 para paliar el impacto que el encarecimiento del suministro energético puede tener en la vida diaria de millones de ciudadanos europeos, tanto por los mayores costes en el transporte como por la mayor factura del consumo energético en los hogares. Bruselas espera evitar así que la lucha contra el cambio climático desencadene protestas como la vivida en Francia con la llamada revuelta de los chalecos amarillos, que paralizó de manera espontánea y repentina buena parte del país para protestar contra un aumento en la fiscalidad de los carburantes.
Durante los dos últimos años, la Comisión y los países han estado negociando un endurecimiento de las metas de recorte de emisiones en línea con lo que le exigía Naciones Unidas para cumplir con el Acuerdo de París. La UE se había comprometido a mediados de la década pasada a reducir sus emisiones para 2030 un 40% respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, se necesitaba más ambición. A finales del pasado año, Europa presentó ante la ONU su nueva propuesta: llegar a una reducción del 55%. Bruselas reconoce que el salto requerirá grandes esfuerzos en todas las industrias implicadas y un profundo cambio en el modelo de producción y en el actual patrón de consumo de la mayoría de la población que pretende impulsar con el paquete normativo presentado este miércoles.
Transporte
Entre los cambios más visibles figura la prohibición de coches con motor de combustión a partir de 2035. Para que no se le tilde de premiar una tecnología sobre otra, la Comisión utiliza como referencia las emisiones de CO₂ —el principal gas de efecto invernadero― de los vehículos. En 2030, los turismos que se vendan deberán emitir un 55% menos de este gas (tomando como referencia las emisiones actuales). Para 2035, la reducción deberá ser del 100%, con lo que ya no podrán venderse coches nuevos y furgonetas de combustión. Los vehículos que ya estén en circulación podrán seguir en activo. Pero fuentes comunitarias calculan que el desarrollo de un mercado de segunda mano de vehículos eficientes y la renovación natural del parque móvil llevará a que en 2050 hayan desaparecido los turismos que utilizan gasolina o diésel.
La apuesta por el vehículo eléctrico o con el combustible de hidrógeno —pensando en camiones y transporte aéreo y marítimo— llega acompañada de objetivos para desarrollar la imprescindible infraestructura de repostaje. El proyecto legislativo fija que a partir de 2035 se disponga de un puesto de recarga de electricidad cada 60 kilómetros en las principales vías. Y cada 150 kilómetros en el caso del hidrógeno.
La apuesta por la electrificación del transporte que contemplan las normas aprobadas este miércoles están alineadas con los programas de recuperación que impulsa la UE. Se concreta, por ejemplo, en planes como el del coche eléctrico aprobado el martes por el Gobierno de España y que cuenta con una financiación de 4.295 millones de euros para transformar la industria de la automoción.
El transporte y la vivienda, además, se incorporarán a un nuevo mercado de emisiones, en el que participarán las compañías que suministran energía a esos sectores. Bruselas espera que la fijación de un precio de las emisiones de CO₂ en esas actividades contribuya a su reducción, dado que las empresas previsiblemente trasladarán el nuevo coste al consumidor final. La Comisión considera imprescindible la medida para acelerar la reducción en sectores de los que proceden gran parte de las emisiones.
Gasolina y diésel más caros
La fiscalidad también contribuirá a acelerar la introducción del coche eléctrico. La Comisión propone reformar la directiva sobre impuestos energéticos para penalizar los combustibles con más emisiones. Para ello, el proyecto prevé cambiar la imposición por volumen por un gravamen en función de la carga energética de cada combustible. La consecuencia es que la gasolina o el diésel soportarán un gravamen de 10,75 euros por gigajulio, mientras que la recarga con electricidad tendrá una tasa de solo 0,15 euros.
La nueva fiscalidad también penalizará el queroseno del sector de la aviación, que por primera vez estará sometido a una imposición, y al sector naviero.
Mercados de emisiones
El mercado de emisiones vigente, en el que participan las industrias responsables del 40% de ellas, se endurece, lo que previsiblemente elevará el precio de la tonelada de CO₂, situado ya en torno a los 50 euros. Bruselas propone que la contribución de esas industrias al objetivo general de reducción de las emisiones de toda la economía europea pase del 43% actual al 61% en 2030. Ese incremento de 18 puntos se lograría con un tajo de 117 millones al volumen de títulos en el mercado (para encarecerlos) y a la reducción progresiva de la entrega gratuita de esos títulos.
Europa aspira a convertirse con las nuevas medidas en la referencia mundial de la lucha contra el cambio climático durante una década que, según los expertos, será crucial para contener la elevación de la temperatura del planeta y evitar catastróficas consecuencias en los años venideros.
Arancel climático
Bruselas es consciente de que la UE, por sí sola, no puede evitar esa amenaza porque los 27 países del club comunitario solo son el origen del 9% de las emisiones de efecto invernadero planetarias. Pero la Comisión confía en el efecto arrastre de unos estándares aplicados a un mercado de 450 millones de habitantes.
Y, por si el ejemplo no cundiera, Bruselas propone la introducción de un mecanismo de ajuste en fronteras que, por primera vez, penalizará las importaciones procedentes de los países donde flaquee la lucha contra el cambio climático. El arancel ecológico afectaría a sectores de gran consumo energético, como la producción de acero o aluminio. Y en las condiciones actuales del mercado golpearía sobre todo a Rusia, Turquía, China, el Reino Unido y Ucrania, según un informe del gabinete de estudios Centre for European Reform. Bruselas confía, sin embargo, en que los principales socios comerciales de la UE adapten sus modelos de producción y que el nuevo mecanismo de fronteras, cuya compatibilidad con las normas de la OMC ponen en duda algunos analistas, no tenga que aplicarse o solo en casos excepcionales.
Fuentes comunitarias precisan que el arancel se introducirá de forma progresiva, durante una década, a partir de 2026, y de momento afectará solo a las importaciones de acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad. La UE comprobará la huella de CO₂ de la producción de los exportadores. Y en caso de que en sus países no estén penalizadas esas emisiones, impondrá un gravamen equivalente al que habrían pagado si produjera dentro del territorio comunitario. La introducción de ese recargo avanzará en paralelo con la retirada de la concesión gratuita de derechos de emisión a las compañías de los mismos sectores que producen en Europa.
De momento, la amenaza de imponer este arancel ya ha despertado los recelos de la Administración de Estados Unidos, que ha pedido públicamente a Europa que aparque esta medida. En la reunión de los ministros de Finanzas del G-20 que se celebró el pasado fin de semana en Venecia (Italia), se incluyó en el comunicado final una mención a la fijación de un precio de carbono —algún tipo de gravamen que penalice las emisiones de CO₂— como uno de los instrumentos para luchar contra el cambio climático. Europa se queja desde hace años de que, mientras la UE cuenta con su mercado de emisiones que ya penaliza el dióxido de carbono, otras grandes economías no lo tengan y compitan en mejores condiciones.
