La normativa europea para garantizar la recogida, reutilización y reciclaje de baterías entró en vigor el jueves pasado, para que en el futuro las pilas dejen una baja huella de carbono, utilicen un mínimo de sustancias nocivas, necesiten menos materias primas de países de fuera de la UE y se puedan recuperar mejor tras su uso.
El reglamento, que pretende contribuir a la neutralidad climática de la UE para 2050, introducirá gradualmente a partir de 2025 requisitos de declaración, clases de rendimiento y límites máximos de la huella de carbono de los vehículos eléctricos, los medios de transporte ligeros (como las bicicletas eléctricas y los patinetes) y las baterías industriales recargables.
En concreto, garantizará que las baterías comercializadas en la UE sólo puedan contener una cantidad restringida de sustancias nocivas que sean necesarias, que además se revisarán periódicamente, explicó la Comisión Europea en un comunicado.
Además, desde 2025 se irán aplicando los objetivos de reciclado.
Todos los residuos tendrán que reciclarse y se impone alcanzar altos niveles de recuperación, en particular de materias primas críticas como el cobalto, el litio y el níquel, para que puedan reincorporarse a la economía.
El reciclaje de baterías
A partir de 2027, por otra parte, los consumidores podrán extraer y sustituir las pilas portátiles de sus productos electrónicos en cualquier momento del ciclo de vida, lo que prolongará su uso antes de su eliminación final, fomentará la reutilización y contribuirá a la reducción de los residuos postconsumo.
La nueva ley europea contempla asimismo que las empresas identifiquen, prevengan y aborden los riesgos sociales y medioambientales relacionados con el abastecimiento, la transformación y el comercio de materias primas como el litio, el cobalto, el níquel y el grafito natural contenidos en sus baterías.
“El previsible aumento masivo de la demanda de baterías en la UE no debería contribuir a un incremento de tales riesgos medioambientales y sociales”, recalcó la Comisión.
A continuación, los Estados miembros deberán aplicar la normativa en sus respectivas legislaciones.
Desde 2006, las baterías y los residuos de pilas están regulados a escala comunitaria por una directiva que la Comisión propuso revisar en diciembre de 2020.
La UE prevé que la demanda de baterías se multiplique por 14 en todo el mundo de aquí a 2030, mientras que la Unión podría representar el 17% de esa demanda, debido fundamentalmente a la electrificación del transporte.
En paralelo, la Comisión puso en marcha en 2017 la llamada Alianza Europea de Baterías, que pretende construir en Europa una cadena de valor de baterías innovadora, sostenible y competitiva a escala mundial, y garantizar el suministro necesario para descarbonizar los sectores del transporte y la energía.
