Donald Trump ha implementado un giro decisivo en la política energética de Estados Unidos, ralentizando el avance de la energía eólica marina en favor del gas natural. Esta medida ha supuesto un desembolso de cerca de 2.600 millones de dólares para deshacer concesiones otorgadas durante el mandato de Joe Biden.
Trump frena la energía eólica marina para impulsar el gas natural
El cambio de estrategia energética por parte de la administración republicana ha intensificado el enfoque en el gas natural, mientras recibe críticas de grupos ecologistas y estados liderados por demócratas. En este contexto, la Casa Blanca ha priorizado la reversión de concesiones para proyectos eólicos en alta mar.
Una parte crucial de esta decisión incluye la rescisión de cuatro licitaciones marítimas vinculadas al desarrollo de parques eólicos en aguas de Nueva York, California y Maine. El gobierno estadounidense pactó con la empresa Invenergy un reembolso de 765 millones de dólares, ligeramente menos de lo pagado inicialmente bajo la administración anterior.
Este cambio de dirección tiene como objetivo desmantelar planes anteriores, restringiendo permisos para infraestructuras renovables en las costas estadounidenses. Tal enfoque consolida una política que prioriza las energías consideradas más fiables por el gobierno de Trump.
Las consecuencias de esta política incluyen la suspensión de permisos federales que paralizaron el avance de proyectos eólicos marinos, muchos de los cuales estaban en etapas iniciales de desarrollo.
Los fondos obtenidos por Invenergy tras la devolución de las concesiones serán destinados en parte a proyectos de gas natural en el Medio Oeste, junto con iniciativas de energía geotérmica, en línea con las prioridades energéticas actuales.
La cancelación de estas iniciativas ha suscitado críticas de grupos ambientales, que argumentan que entorpece la transición energética y el cumplimiento de objetivos climáticos. Además, ha generado inquietud entre estados demócratas que cuestionan el uso de fondos públicos para desmantelar proyectos previamente aprobados.
Este movimiento marca un cambio significativo en la dirección de la política energética en Estados Unidos, aumentando el protagonismo del gas natural mientras frena el desarrollo de una tecnología renovable clave. Los efectos potenciales incluyen un menor ritmo en la transición hacia un sistema energético más sostenible.
