Ecologistas en Acción da la voz de alarma: en 2018 tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de derechos humanos eran activistas ambientales. Así lo hace público el último informe elaborado por Front Line Defenders donde se denuncia los 321 asesinatos de activistas cometidos el pasado año.
Según la organización Front Line Defenders, estos asesinatos no son hechos aislados, sino que van precedidos por acoso judicial, amenazas y ataques físicos. Al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte. En la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales.
Ecologistas en Acción destaca que, como relata el informe, la criminalización y persecución de defensoras tiene el agravante del género. Las mujeres se enfrentan a amenazas sexuales por parte de actores estatales y no estatales, así como dentro de sus propios movimientos. Sufren violaciones, abusos sexuales, y se hostiga a sus familias. Además, se ven expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan su compromiso con sus familias y son eliminadas de cargos de alto rango en ONG, cargos públicos o sindicatos.
El análisis global de Front Line Defenders 2018 destaca la tendencia continua hacia una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. En muchos países los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales y las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ.
Ecologistas en Acción ha mostrado una “profunda consternación y su máxima preocupación” por el contenido de este informe y ha exigido la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos. La organización ecologista insta a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.
