Jabones aromáticos de sándalo y jazmín. Pan de molde, galletas, fideos chinos precocinados o manteca de cacao. Pintalabios y perfumes. Incluso, paradójicamente, el biodiésel que promete revertir el cambio climático.
Nuestro día a día está lleno de productos con alto contenido de aceite de palma, el más consumido del mundo, por delante del de girasol o colza, según la European Palm Oil Alliance.
Versátil y barato, dos de las principales razones de su éxito, este aceite es de color anaranjado y nace de la palma aceitera Elaeis guineensis, natural de África occidental y exportada por los europeos a Latinoamérica y al sudeste asiático durante el siglo XIX. De hecho, un 80% de la producción actual tiene lugar en Indonesia y Malasia, si bien durante los últimos años África se ha convertido en el nuevo objetivo de las multinacionales en el cinturón tropical del continente formado por Tanzania, República Democrática del Congo, Angola, República del Congo, Camerún, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona y Guinea.
Consumido por los países africanos desde tiempos inmemoriales, el aceite de palma forma parte de la dieta y cultura de numerosos pueblos originarios y son estos los que han visto sus cosechas arruinadas en los últimos tiempos por la expansión sin límite de los gigantes occidentales. Todo sin olvidar la huella de carbono que supone la deforestación provocada por la producción masiva del nuevo “oro naranja”.
Las voces silenciadas contra el cultivo
“El impacto del grupo que controlas en nuestras vidas es inmenso”, escribió el granjero y activista Emmanuel Elong en 2013 en una carta enviada a Vincent Bolloré, CEO de la multinacional francesa Bolloré, accionista de la belga Socfin. La presencia de esta empresa en Camerún se tradujo en un arrendamiento en 2016 de hasta 78.400 hectáreas de palmeras aceiteras, entre otros, en torno a Mbonjo, pueblo donde residía Elong, convertido así en epicentro. “Nunca hemos tenido ningún contacto con los representantes de Socfin, por lo que nos comunicamos con usted para que pueda ayudarnos a resolver esto”.
Emmanuel es una de las voces de los principales afectados por la expansión del aceite de palma en África: los pequeños agricultores cuyas familias mueren de hambre en los surcos tropicales, o aquellos empleados que trabajan en las plantaciones bajo condiciones infrahumanas. La presencia de grandes multinacionales y su control de la tierra no solo aparta a los pequeños agricultores de la carrera del cultivo (y por ende, dejándoles sin una fuente de ingresos), sino que condena a quienes forman parte de esta expansión: desde la ausencia de condiciones laborales hasta el maltrato, la falta de acceso a agua potable o unas viviendas que se caen a pedazos.
“En Costa de Marfil o Camerún, principal sede de multinacionales como Socfin Group o Socapalm, los trabajadores apenas cuentan con contratos o garantías sociales”, relata por teléfono Ange-David Baïmey, experto en sociología medioambiental en la ONG GRAIN, desde Camerún. “Además, las mujeres que viven alrededor de las plantaciones son sometidas a numerosos abusos y el acceso a agua potable es prácticamente inexistente por parte de estas comunidades”.
Socfin, que adquirió en el año 2000 la compañía Socapalm, ha respondido a las diferentes acusaciones de los medios a través de un comunicado de prensa en el que asegura “fomentar una agricultura tropical responsable”. Pero su actividad ha resultado controvertida por su modo de hacer neocolonial en diversas ocasiones. Organizaciones como GRAIN se encargan de asistir y denunciar la actividad de aquellas multinacionales que, como Socfin, prometen planes de cultivo sostenible a partir de las conocidas como 3 pes: profit (beneficio), people (gente) y planet (planeta).
Promesas que, sin embargo, no tardan en reducirse a cenizas entre los árboles tropicales. Una distracción de cara a los medios. Esta realidad es bien conocida por RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil o Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), una organización sin ánimo de lucro que desde 2004 trata de unir a productores, distribuidores y fabricantes locales a través de un sistema de certificación de aceite de palma sostenible (conocido como CSPO) a partir de diferentes criterios que respeten los derechos laborales de las comunidades.
Sin embargo, la labor de RSPO ha sido también cuestionada por muchas entidades, especialmente cuando algunas de las empresas asociadas a esta organización han sido denunciadas (el caso más reciente, el pasado julio, afectó entre otras a la superproductora Sime Darby, en Malasia, según recogía AP) por deforestación, abuso y explotación infantil en países asiáticos y africanos.
A pesar de sus aparentes intenciones, RSPO ha sido acusada de ser un sistema de certificación sostenible falso y ha protagonizado sucesos como el escándalo Wilmar. Esta compañía, proveedora de marcas como L’Oréal, Mars o Kellogg’s, suministraba aceite de palma a través de la empresa-tapadera Gama Plantation, la cual ha deforestado hasta 25.000 hectáreas de bosque en Papúa, según reveló una investigación de Greenpeace en 2018.
“Somos conscientes de los problemas. Continuaremos monitoreando la situación y estamos preparados para ayudar a todas las partes involucradas si es necesario”, ha respondido la RSPO al ser preguntados para este reportaje acerca de las distintas acusaciones recibidas. Por su parte, tanto Wilmar como Sime Darby han mostrado su intención de tomar medidas a través de diversos comunicados de prensa.
El impacto en los ecosistemas del mundo
Las violaciones de derechos humanos, sin embargo, no son el único objetivo a solventar, sino que también cuentan los numerosos efectos del cultivo de aceite de palma en los ecosistemas del mundo. Durante los últimos años, las selvas de países como Indonesia o Malasia, donde se ha reportado la muerte de hasta 100.000 orangutanes a causa de la deforestación y la consiguiente pérdida de su hábitat, son los ejemplos más dramáticos de esta realidad. En el caso de los países africanos, que suman un 10% de la biodiversidad del planeta, la expansión estaría apenas empezando. En naciones como Camerún (principal productor africano junto con Nigeria) el pronóstico es duplicar la producción para 2035.
Paradójicamente, la huella de carbono encuentra en uno de los principales productos que requieren de aceite de palma, el biodiésel, al principal aliado para acelerar la transición sostenible en los países de Occidente. Tanto, que en 2019 se comercializaron hasta 4.5 millones de toneladas de aceite de palma para tal fin. “El cultivo de aceite de palma es más barato y es muy preciado para el biodiésel, pero esta práctica se está llevando a cabo mediante grandes concesiones forestales muy alejadas del modelo de producción local de este aceite”, cuenta por teléfono Miguel Ángel Soto, experto de la campaña de Bosques de Greenpeace España. “Los países occidentales están trasladando el impacto de la huella de carbono de nuestros transportes a los países asiáticos, latinoamericanos y africanos y sus actuales políticas públicas de apoyo a los agrocarburantes están detrás de la expansión del aceite de palma”, continúa.
Una realidad que podría frenar su impacto volviendo a los inicios y apostando por otras alternativas: “Necesitamos apostar por biocarburantes de cuarta generación basados en la gasificación de residuos o el uso de otras materias primas como las algas, pero no podemos seguir expandiendo cultivos para alimentar el sistema de transporte trasladando nuestro progreso a los países subdesarrollados”, continúa.
Más allá de las prioridades o alternativas a aquellos productos que aceleran la demanda del aceite de palma, la necesidad de un modelo sostenible se basa en nuevos planes de integración que reconozcan el trabajo de los pequeños agricultores: “El aceite de palma es al mundo tropical lo que el aceite de oliva mediterráneo para los españoles”, continúa Soto. “Siempre ha habido un modelo de cultivo ecológico basado en el consumo alimentario local, pero este mismo es insostenible si se requieren de grandes plantaciones para solventar la problemática del biodiésel o la demanda del sector alimentario. Deben suspenderse las ayudas económicas a las multinacionales que producen esta tendencia y que son aportadas por los propios gobiernos”.
Por último, más allá de los problemas más obvios que arroja el cultivo masivo de la palma aceitera, existen otros muchos motivos, quizás no tan evidentes hasta hace unos meses, a tener en cuenta ante la excesiva demanda de Occidente: “No olvidemos que la expansión de la palma aceitera es una de las grandes puertas a nuevas zoonosis, los patógenos que viven en zonas salvajes en total simbiosis con la fauna de la selva”, relata el experto de Greenpeace. “Y ahora, más que nunca, ya sabemos todo lo que una zoonosis como la covid-19 puede suponer para la salud de la humanidad”.
