Este lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un informe sobre las necesidades de financiación y políticas climáticas necesarias en la región para la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente, así como las tendencias actuales de las emisiones regionales.
Presentado en Dubái durante la Conferencia de la ONU para el Cambio Climático (COP28), el informe destaca la importancia del financiamiento en sectores como la agricultura, la ganadería y la silvicultura, que a nivel regional representan el 58% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Actualmente, la financiación está dirigida principalmente a la mitigación, en detrimento de la toma de medidas de adaptación. Así, en 2020 el 89% del financiamiento climático global estuvo destinado a mitigación, un 8% a adaptación y sólo un 3% a acciones transversales.
“El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Durante años, la CEPAL ha analizado sus impactos en América Latina y el Caribe y ha encontrado que el costo de la inacción supera el costo de la acción (…) y que el calentamiento global exacerbará los efectos negativos de los fenómenos meteorológicos extremos”, advirtió el secretario ejecutivo de la Comisión.
Multiplicar la tasa de descarbonización
José Manuel Salazar-Xirinachs especificó que, América Latina y el Caribe fijó el objetivo de reducir emisiones entre un 24% y un 29% para 2030, “pero, para ello, la tasa de descarbonización de la región (0,9%) tendría que ser cuatro veces más rápida”.
Según el estudio, cumplir con los compromisos de acción climática requiere, además, una inversión de entre 3,7% y 4,9% del PIB regional por año hasta 2030. A modo de comparación, en 2020 el financiamiento climático en América Latina y el Caribe fue de solo 0,5% del PIB regional. “Por lo tanto, cerrar la brecha de financiamiento climático requiere aumentar la movilización de recursos nacionales e internacionales entre siete y 10 veces”, añadió.
Inversión necesaria por sectores
El documento especifica la inversión necesaria para la transición energética, la electrificación del transporte público, las medidas de mitigación para evitar la deforestación, la conservación de la biodiversidad, los sistemas de alerta temprana y la prevención de la pobreza, entre otros ámbitos.
En concreto, para las acciones de mitigación, la inversión necesaria equivaldría al 2,3%-3,1% del PIB anual de la región. Estos fondos deben financiar los sistemas de energía y transporte y en la reducción de la deforestación. El sector del transporte es el que requiere más inversiones.
Por su parte, las medidas de adaptación requieren entre un 1,4% y un 1,8% del PIB anual de la región. Esto incluye inversiones en sistemas de alerta temprana, prevención de la pobreza, protección de las zonas costeras, servicios de agua y saneamiento y protección de la biodiversidad. En esta categoría, las mayores cantidades se destinan para agua y saneamiento, señala el documento.
Impulsar el empleo y el desarrollo sostenible
Salazar-Xirinachs explicó que aumentar la financiación climática puede aportar también otros beneficios además de los medioambientales, incluyendo beneficios económicos y sociales; en este sentido, más inversión en las medidas de mitigación y adaptación supondrían un importante impulso para el crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo social.
Por el contrario, si no se toman medidas, el cambio climático puede acarrear pérdidas. “Nuestro documento muestra que, para 2030, la pérdida de productividad laboral debida al estrés térmico podría alcanzar el 10% en algunos países, lo que afectaría directamente al potencial de crecimiento de la región. Además, hay que tener en cuenta el impacto de los fenómenos extremos”, agregó el secretario.
Recomendaciones
El documento destaca la necesidad de canalizar los flujos de inversión hacia actividades que estimulen los sectores impulsores la economía, con vistas a lograr un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.
En este sentido, la CEPAL ha identificado varios sectores relevantes y áreas de oportunidad para el crecimiento económico, entre los que se encuentran la transición energética, la electromovilidad, la economía circular, la bioeconomía, la industria farmacéutica, los servicios digitales y la economía del cuidado, entre otros.
También especifica distintos instrumentos, como la tarificación del carbono y la inclusión del cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos.
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