La Casa Rosada usará los mecanismos del sistema republicano para avanzar en una medida que según el sector empresario podría destrabar inversiones por 18 mil millones de dólares, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno.
En las próximas semanas, la administración de Mauricio Macri iniciará una amplia consulta entre los diputados y senadores oficialistas para que le den su ‘consejo legislativo’ con respecto a qué hacer para aclarar los puntos de la Ley de Glaciares que impiden la llegada de mayores inversiones mineras, según le transmitieron los empresarios al Presidente en una reunión de noviembre del año pasado.
Macri iniciará la rueda de consultas luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergman , finalice el inventario de glaciares, algo que es inminente, según confirmaron fuentes al tanto de ese trabajo.
La elección del cronograma responde a una lógica de sentido común. El Gobierno no quiere avanzar en discusiones sobre la futura aplicación la ley hasta que no cumpla del todo con lo que dice su texto, algo que ocurrirá cuando los glaciares estén contabilizados. De lo contrario, sería un blanco fácil para la crítica de sectores ambientalistas y la oposición crítica de la actividad minera.
