La empresa Quebracho Colorado SA, integrada por dos hermanos estadounidenses, viene solicitando permisos de desmonte en Salta desde 2007. En total, pidió autorización para intervenir casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. Aunque parte de esas solicitudes no se concretaron, al menos 30 mil hectáreas permanecen bajo riesgo según imágenes satelitales.
En julio de 2026, la compañía solicitó avanzar sobre 11 mil hectáreas en la finca El Chaguaral (Orán), divididas entre un plan silvopastoril y agricultura bajo el esquema de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI). La audiencia pública está prevista para el 7 de agosto.
Antecedentes de solicitudes
- 2007: pedido de desmonte de 30.962 hectáreas en la finca El Álamo (Rivadavia). Solo se concretaron 3.300 hectáreas por la intervención de la entonces secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich.
- 2010: solicitud de 11.432 hectáreas en Estancia El Guayacán (Anta).
- 2014: pedido de 7.993 hectáreas en El Chaguaral.
- 2020: modificación de 5.724 hectáreas en el mismo predio, suspendida por la pandemia.
- 2024: solicitud de 11.955 hectáreas en El Chaguaral.
- 2026: nuevo pedido de 11.905 hectáreas, que podría sumarse al anterior para alcanzar casi 24 mil hectáreas en una sola acción.
Críticas de Greenpeace
El coordinador de Campañas de Bosques, Hernán Giardini, denunció que el nuevo ordenamiento territorial de bosques en Salta retrocedió en protección, habilitando desmontes en áreas que antes estaban clasificadas como amarillas.
Según Giardini, el caso Quebracho Colorado es un “Karlen legalizado”, en referencia al desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas realizado por los empresarios Karlen en 2013, que derivó en una multa de más de 21 mil millones de pesos.
Conceptos en disputa
El uso de términos como “cambio de uso de suelo” o “manejo silvopastoril” busca suavizar la palabra “desmonte”. Sin embargo, el informe oficial de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación advierte que las áreas sometidas a silvopastoreo pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y comprometen los servicios ambientales que brindan.
El MBGI se presenta como alternativa para conjugar producción ganadera y conservación, pero ambientalistas sostienen que en la práctica no difiere del manejo silvopastoril: se introducen pasturas foráneas y se pierde biodiversidad.
Impactos ambientales y sociales
Pérdida de biodiversidad: los desmontes afectan especies nativas y reducen la resiliencia de los ecosistemas.
Comunidades rurales y pueblos originarios: sufren directamente la degradación de territorios y fuentes de agua.
Incendios forestales: explican el 13% de la pérdida de bosques registrada entre 2022 y 2024.
Retroceso normativo: la flexibilización del ordenamiento territorial viola la Ley Nacional de Bosques.
El caso Quebracho Colorado refleja cómo los cambios normativos y la falta de control estatal permiten desmontes masivos en Salta. Bajo la apariencia de planes silvopastoriles o MBGI, se habilitan procesos que degradan el monte nativo y comprometen la biodiversidad.
La denuncia de Greenpeace y el antecedente de los Karlen muestran que la provincia enfrenta un ecocidio legalizado, con consecuencias ambientales y sociales de largo plazo.
