La Justicia de Salta elevó a más de 21.800 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) la multa impuesta a dos empresarios debido al desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosques nativos.
La drástica medida se tomó tras los reiterados incumplimientos en los planes de restauración ambiental por parte de los infractores. Hace tres años, activistas de Greenpeace ya habían expuesto la gravedad de la situación con un cartel gigante en el lugar.
“Se trata de una multa histórica para uno de los mayores desmontes ilegales de las últimas décadas. Fue un ecocidio realizado con total impunidad usando 18 topadoras, que solo se detuvo cuando la AFIP denunció a los dueños por trabajo esclavo.
Aunque se les ordenó remediar el bosque —del tamaño de media ciudad de Buenos Aires—, nunca lo hicieron y continuaron con su negocio agropecuario”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Activistas de Greenpeace desplegaron un cartel gigante en una finca de casi 12.000 hectáreas, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, que fue ilegalmente deforestada. La organización ecologista denuncia que su dueño lleva, impunemente, 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria. Invitan a la ciudadanía a votar una Consulta Popular sobre si hay que penalizar desmontes ilegales e incendios forestales.
Los argumentos de la Justicia
El Ministerio Público Fiscal de Salta demostró que desde 2018 no existió ninguna evidencia de reforestación activa.
Por el contrario, los empresarios continuaron con actividades agrícolas no autorizadas y almacenamiento de maíz dentro de las áreas protegidas, violando las restricciones judiciales y mostrando una total ausencia de avances en la recuperación del ecosistema.
Ubicación y responsables
La estancia afectada se encuentra cerca de la localidad de Dragones, en el norte de Salta. Los propietarios y responsables son los empresarios agropecuarios Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen.
Este desmonte masivo impacta directamente sobre el territorio y sustento de comunidades wichí y familias campesinas. El caso ha sido denunciado sistemáticamente por Greenpeace en 2013, 2016 y 2023.
El reclamo por leyes más severas
Desde Greenpeace insisten en que, si bien la sanción económica no tiene precedentes en Argentina, el objetivo urgente es lograr la remediación ambiental.
La organización destaca que los bosques son vitales para la regulación climática e hídrica, albergan una gran biodiversidad y son el hogar de pueblos originarios.
Por este motivo, convocan a la ciudadanía a exigir que se establezcan penas de prisión efectivas para los responsables de desmontes e incendios forestales.
