Una superficie equivalente a ocho ciudades de Buenos Aires ha sido arrasada. A pesar de una suspensión judicial vigente desde noviembre de 2020, la provincia de Chaco ha perdido casi 170.000 hectáreas de bosques nativos, según una nueva y alarmante denuncia desmonte ilegal Greenpeace.
Una reciente incursión de la organización ecologista en el corazón del Impenetrable Chaqueño sacó a la luz la cruda realidad: el avance implacable de las topadoras.
Los activistas denuncian desmontes ilegales y documentaron cuatro desmontes en fincas cercanas a la localidad de Taco Pozo y en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Copo y la Reserva Provincial Loro Hablador, colocando carteles que sentencian: «Esto es un crimen ambiental«.
Complicidad e impunidad: denuncia desmonte ilegal
Los datos, que surgen de un cruce entre información oficial y el monitoreo satelital de Greenpeace, revelan una cifra precisa y desoladora: 167.684 hectáreas deforestadas ilegalmente entre noviembre de 2020 y julio de 2025.
«Estos crímenes cuentan con la complicidad del gobierno, que debe hacer cumplir los fallos de la Justicia«, sentenció Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
«Ante la ausencia de controles efectivos, los terratenientes se sienten alentados por la impunidad y avanzan día a día sobre nuestros últimos bosques nativos.
Es muy triste la denuncia desmonte ilegal y comprobar que siguen destruyendo el hogar de especies en peligro, como el yaguareté, incluso en zonas estratégicas para la preservación de áreas protegidas«.
La batalla legal por el yaguareté espera en la Corte Suprema
Este desastre ecológico no es un hecho aislado, sino un capítulo más en una larga batalla legal. En 2019, Greenpeace presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La demanda apunta contra las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, así como contra el Estado Nacional, por violar la Ley de Bosques Nativos y permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que, según estimaciones científicas, sobreviven en el Gran Chaco Argentino.
El máximo tribunal ya ha declarado su competencia en la causa, y la comunidad ambientalista aguarda un fallo que podría ser histórico para la protección de la biodiversidad en el país.
Un ecocidio con múltiples víctimas
La deforestación va más allá de la tala de árboles. Como subraya Cruz, se trata de un ecocidio con consecuencias devastadoras y multifacéticas:
- Desaparición de especies.
- Aceleración del cambio climático.
- Aumento de inundaciones y sequías.
- Desertificación de los suelos.
- Propagación de enfermedades.
- Desalojos de comunidades indígenas y campesinas.
- Pérdida de fuentes de alimentos, medicinas y maderas.
«En forma urgente se deben prohibir y penalizar los desmontes«, reclamó la vocera de Greenpeace.
El llamado a la acción: convertir la denuncia desmonte ilegal en delito penal
Esta masiva deforestación pone en jaque los compromisos internacionales de Argentina, como el acuerdo de Deforestación Cero para 2030 firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021.
Frente a esta crítica situación, Greenpeace ha lanzado un llamado a la acción ciudadana a través de la plataforma votaporlosbosques.org, instando a la gente a reclamar que tanto los incendios forestales intencionales como los desmontes ilegales sean tipificados como delitos penales en el Código Penal. Hasta la fecha, más de 267.000 personas ya han sumado su firma a esta causa.
