La más importante línea de conflicto social que ha enfrentado el Gobierno boliviano a lo largo de los 13 años de gestión desarrollista de Evo Morales ha sido la ecológica. En estos días se produce la oposición de Tarija, una región en el sur del país, contra el inicio de la exploración petrolera en una área protegida, la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía.
Allí, grupos de comunarios bloquean los caminos que conducen a San Telmo Norte, la zona donde las empresa estatal YPFB Chaco, junto con la brasileña Petrobras, pretenden perforar pozos exploratorios muy pronto. Hace unos días la principal ciudad de la zona, Tarija, dejó de trabajar por un día en señal de defensa de esta área natural, que está protegida desde hace aproximadamente 30 años a causa de su biodiversidad y su condición de fuente de agua para la región.
A lo largo de estas décadas, los comunarios que habitan Tariquía se han fogueado en diversas luchas ecologistas. Primero contra la entrada de madereras al bosque de la reserva, luego contra un proyecto de construcción de represas en la Argentina, país con el que este territorio colinda, y ahora contra la explotación petrolera, que está permitida en áreas protegidas desde 2015 como parte del esfuerzo del Gobierno de Morales para descubrir nuevos campos de gas que sustituyan a los que actualmente alimentan a las principales exportaciones bolivianas.
Estos yacimientos (que se remontan a los años noventa y antes) han comenzado a flaquear, como muestra la multa de 133 millones de dólares que acaba de recibir el país de Brasil, su principal comprador, por no haber podido entregar durante 2018 la cantidad de gas que estaba comprometida en el contrato entre ambos países; el cual, además, acaba este año.
Desde hace mucho que los expertos del sector expresan su preocupación por la falta de nuevos descubrimientos, que algunos atribuyen a la falta de incentivos para la inversión trasnacional a causa de la nacionalización de la industria en 2006. Esta situación podría complicar la negociación de un nuevo contrato de venta de gas a Brasil, sin el cual las finanzas bolivianas no cerrarían.
Frente a las protestas, que ya reprimió con fuerzas policiales hace una semana, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que no detendrá la ejecución de un proyecto que podría darle 5 mil millones de dólares al país, que “cumple toda la normativa”, que solo afectará al 0,008% de las 247 mil hectáreas de la reserva y que cuenta con el apoyo de las comunidades directamente involucradas.
Por su parte, los movimientos en contra de la exploración dijeron que debe escucharse a la mayoría de los pobladores y no solo a las pocas comunidades que se beneficiarán con la presencia de las petroleras. Aunque el área afectada directamente sea pequeña, afirmaron, las explosiones subterráneas que son necesarias para la exploración “cerrarán las vertientes y contaminarán el agua, como siempre pasa”. Esto, sin contar con lo que podría ocurrir si los pozos terminan siendo exitosos y las empresas comienzan a explotar gas.
