Según publicó el diario El Mercurio, el órgano contralor tomó razón del decreto que permite la construcción del parque, luego que el proceso fuera detenido debido a la ausencia de las consultas a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, y problemas con los plazos de la consulta indígena, como obliga la legislación.
El presidente de la comunidad indígena Yagan de Bahía Mejillones, Luis Gómez, sostenía que faltaron consultas a algunos pueblos originarios que se deben realizar.
Este parque se proyectó para que sea emplazado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, al sur del río Azopardo y del lago Fagnano, entre el Parque Nacional Alberto de Agostini y la República Argentina.
La idea nació cuando el presidente Sebastián Piñera se reunió con Douglas Tompkins el año 2011 en La Moneda, donde según el empresario, la idea de fondo era fomentar áreas verdes entre el sector público y privado.
El norteamericano donó 38 mil hectáreas que adquirió junto a otras tierras vírgenes en los años 90. Y ante las eventuales críticas hacia la participación del presidente en el equipo, Tompkins se apuró en aclarar que “la gente no se da cuenta, pero Sebastián Piñera es el mayor conservacionista chileno”.
El resto del parque corresponden a 111 mil hectáreas de terreno fiscal.
Esta zona no ha sido interferida más que por pequeñas acciones de agricultura, ganadería, acuicultura, minería y silvicultura. Y se espera que con esta aprobación se logre preservar sin la intervención del hombre, por lo que también se eliminaría el peligro de extinción de especies que viven en estas tierras, como la foca elefante, la foca leopardo, el petrel gigante, el rayadito, la gaviota dominicana, el fío-fío, el carpintero gigante y el churrín del sur.
Con este parque, aún en tramitación, terminaría el “Legado Bicentenario” que impulsó el presidente Piñera e inauguró el pasado 6 de enero, viaje donde además el mandatario cortó la cinta del puente de “La ruta del fin del mundo”, que unirá la Isla de Tierra del Fuego con el país.
