Con 26 votos afirmativos y una sola abstención, la Legislatura de Chubut aprobó una nueva Ley de Bosques que establece al Estado Provincial como propietario de los bosques nativos. La norma fue ampliamente respaldada por todos los bloques políticos, salvo por el diputado Santiago Vasconcelos, quien se abstuvo.
“La voluntad era abordar el tema. Esta es la mejor ley que pudimos lograr, con acuerdos amplios. Lo esencial es que los bosques son de todos los chubutenses”, expresó la legisladora Norma Arbilla (Arriba Chubut), una de las principales impulsoras del proyecto.
Arbilla también subrayó la importancia de entender el bosque como un ecosistema completo. “El bosque no es solo el árbol. Es flora, fauna, agua, aire limpio y un equilibrio natural que beneficia al conjunto de la humanidad”, remarcó, haciendo hincapié en el valor ambiental y no solo productivo del recurso.
Una herramienta para resolver conflictos territoriales
La nueva ley permitirá al Estado provincial avanzar con numerosos expedientes frenados por la falta de un marco jurídico claro. “Muchos trámites estaban paralizados en la Secretaría de Bosques, porque no había sustento legal para autorizaciones o visados. Esta ley destraba esa situación”, explicó Arbilla.
La legisladora mencionó casos concretos de la zona cordillerana, como en Alto Río Percy o Lago La Plata, donde pobladores históricos aún no pudieron regularizar la tenencia de sus tierras por conflictos legales ligados al estatus del bosque.
Incendios, ordenamiento territorial y falsas alarmas
Arbilla también aclaró las confusiones surgidas sobre el impacto de los incendios forestales en esta normativa. “Algunos creyeron que si se quema un bosque nativo, automáticamente se habilita el desarrollo inmobiliario. Eso es falso. El estatus de protección no cambia por el fuego”, detalló, refiriéndose a la Ley de Ordenamiento Territorial que regula qué zonas pueden utilizarse para distintas actividades.
El mapa establecido por esa ley clasifica a los bosques en zonas rojas (intangibles), amarillas (de uso restringido) y verdes (de uso permitido), y esa categorización no se modifica automáticamente tras un incendio.
En la misma sesión: concesión a Pan American Energy
En otro punto de la jornada legislativa, se aprobó la concesión del yacimiento Cerro Dragón a Pan American Energy (PAE), con 23 votos afirmativos, dos abstenciones y un voto negativo. También se perdonó el pago del impuesto al sello vinculado al contrato.
La mayoría de los legisladores justificaron su voto favorable, mientras que las únicas voces disidentes fueron las de Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda) y Andrea Toro (PICh), quienes expresaron reparos por el impacto ambiental y económico de la concesión.
¿Para qué sirve la ley de protección ambiental?
La Ley de Protección Ambiental sirve para establecer un marco legal que garantice la protección y conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. Su objetivo principal es prevenir, controlar y mitigar la contaminación y el deterioro ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población.
En resumen:
- Protección de los recursos naturales: La ley busca proteger los recursos naturales, como el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, para asegurar su disponibilidad y calidad para las generaciones futuras.
- Control de la contaminación: Regula las actividades que pueden generar contaminación ambiental, estableciendo normas y estándares para la emisión de contaminantes, la gestión de residuos y la prevención de la contaminación.
- Gestión de los recursos naturales: Establece mecanismos para la gestión sostenible de los recursos naturales, promoviendo su uso responsable y la conservación de la biodiversidad.
- Salud pública: Protege la salud de las personas de los efectos de la contaminación ambiental, estableciendo normas para la calidad del aire, del agua y del suelo.
- Desarrollo sostenible: Promueve el desarrollo económico y social de manera compatible con la protección del medio ambiente, buscando un equilibrio entre las necesidades humanas y la conservación de la naturaleza.
- Participación ciudadana: Facilita la participación de la ciudadanía en la gestión ambiental, garantizando el acceso a la información y la posibilidad de opinar y ser consultados en los procesos de decisión.
- Acceso a la justicia: Establece mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos ambientales y obtener justicia en caso de daños ambientales.
Fuente: ESQNotas.
