La caza de un yaguareté en Formosa derivó en una condena ejemplar de recomposición ambiental por parte de la Justicia.
Es que los tres cazadores, que actualmente cumplen prisión efectiva, ahora también deberán pagar $ 5 millones de pesos cada uno.
La Justicia definió este requisito para que los cazadores del yaguareté puedan acceder a cualquier beneficio de libertad.
La decisión la tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, la cual rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de los condenados.
Se trata de Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León y Claudio Hugo Cisneros, condenados por la Justicia el pasado 15 de agosto de 2025 por la caza de un yaguareté.
Los tres hombres hoy cumplen su condena en prisión por la infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, tras matar ilegalmente a un ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa.
La justicia fijó condiciones claras por la caza del yaguareté en Formosa
El juez federal de primera instancia de Resistencia estableció que, para tramitar cualquier pedido de libertad condicional, los condenados deben cumplir primero con dos obligaciones ambientales:
- Pago individual de cinco millones de pesos en un plazo de 90 días, destinado exclusivamente al Programa de Conservación del Yaguareté del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa.
- Capacitación obligatoria sobre protección y convivencia con la especie Panthera onca y otras especies protegidas.
La Cámara Federal ratificó esa decisión al rechazar el recurso interpuesto por la defensa. Este argumentaba que condicionar la libertad ambulatoria al pago de una obligación económica afectaba los derechos de sus representados.
Qué dijo la Cámara Federal
Los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch sostuvieron que la resolución cuestionada «se limitaba a ordenar una medida de impulso y constatación previa». Esta se considera necesaria para encauzar el trámite del planteo.
Además, señalaron que «no se configura en esta etapa un gravamen irreparable» que habilite la apelación. Con ese argumento, la Cámara cerró la posibilidad de avanzar en el pedido de libertad sin cumplir las condiciones ambientales.
La caza del yaguareté y la justicia quedaron así entrelazadas en un fallo que prioriza la reparación del daño ecológico sobre los beneficios procesales.
De esta forma, si los condenados no pagan ni completan la capacitación, permanecerán privados de su libertad en los términos establecidos en la sentencia original.
El caso adquiere especial relevancia en Formosa, donde el yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción. Según el diario El Comercial de Formosa, la preservación de la especie se convirtió en una prioridad ambiental para la provincia.
La sentencia marca un precedente en materia de justicia ambiental: la reparación del daño ecológico no es opcional, sino una condición ineludible para recuperar la libertad.
