A pesar de albergar a siete de los países con mayor diversidad biológica en el planeta, América Latina y el Caribe enfilan a la XV Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CBD) con poco más que promesas.
Con el antecedente del incumplimiento —como ocurrió también con el resto del mundo— de las 20 Metas de Aichi, adoptadas en 2010 para cumplir en 2020, ahora la región se enfrenta al desafío de asumir objetivos más ambiciosos en un contexto de crisis múltiple, entre ellas, la disminución de la biodiversidad debido a la sobreexplotación, los efectos de la crisis climática y los delitos ambientales.
En 2019, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) alertó que, a nivel global, estamos experimentando la peor crisis de biodiversidad en la historia, pues un millón de animales y plantas están en riesgo.
Y es en América Latina y el Caribe donde se observa la mayor disminución de poblaciones de vida silvestre monitoreadas a nivel global, revela Informe Planeta Vivo 2022: Hacia una sociedad con la naturaleza en positivo, elaborado por el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) y el Instituto de Zoología de Londres, con una declinación promedio del 94% entre 1970 y 2018.
Con este panorama, llegamos a la COP15, que se escenificará del 7 al 19 de diciembre, en la ciudad canadiense de Montreal.
CAMINO ACCIDENTADO
Debido a la pandemia de Covid-19, que azota al planeta desde diciembre de 2019, la COP15 ha experimentado una historia accidentada. La primera parte ocurrió de forma virtual en 2020 y, debido a la incapacidad de China, el anfitrión original, de organizar reuniones masivas por su política de intolerancia a las infecciones ocasionadas por el virus SARS-COV-2, el segundo tramo se realizará en Montreal de manera presencial.
La cumbre coincide también con la X Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y la IV Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios de su Utilización, componentes ambos de la CBD que están vigente desde 1993 para 196 países.
La aprobación del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 concita la atención en Montreal, donde también se abordarán asuntos como el financiamiento para la conservación de la riqueza biológica y los lineamientos sobre secuenciación digital de material genético.
La propuesta, cuya negociación debe concluir en la cumbre, incluye los objetivos de conservación, uso sostenible, reparto de beneficios y aplicación, y al menos 22 metas sobre ecosistemas degradados, áreas protegidas, especies amenazadas, el rol de las empresas, biotecnología e igualdad de género, que repiten algunos de los temas que las Metas de Aichi trataron de cubrir.
Estas metas versaron sobre educación ambiental, creación de áreas silvestres protegidas, producción y consumo sostenibles, prevención de la extinción de especies y disminución de la polución.
ECOSISTEMAS BAJO ASEDIO
Las naciones latinoamericanas llegan a la cita con los ecosistemas sitiados.
México, por caso, aún no actualiza su Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2030. Y el gobierno ha aplicado severos recortes presupuestarios al ramo ambiental, al grado de destinar unos 0,5 dólares por hectárea en áreas nacionales protegidas (ANP).
Este país padece disminución de especies animales y vegetales. Miguel Equihua, investigador del estatal Instituto de Ecología, señala que tiene zonas degradadas por la agricultura, la minería y la expansión urbana, además de poseer ecosistemas en “razonable estado de conservación”.
“Hay una pérdida importante. Si bien no hablamos de especies individuales, un dato interesante es que uno de los principales impulsores tiene que ver con pérdida de condición por cambio de uso de suelo y degradación de bosques” y otro tipo de vegetación, explica el científico, quien participó en la elaboración de la Contabilidad de Ecosistemas del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica de México.
Además, la degradación del suelo representa el 15% del total de los costos ambientales. Por su parte, la degradación y el agotamiento de los recursos forestales representa el 3,5%, según el gubernamental Instituto Nacional de Ecología, Geografía y Estadística.
México construye el Tren Maya a lo largo de seis estados del sur y sureste del país, el cual amenaza a la Selva Maya, el segundo macizo selvático en América Latina después de la Amazonía. El gobierno ofreció crear tres ANP en la zona para garantizar mayor protección ambiental, pero no reconoció el impacto del megaproyecto.
Paralelamente, ejecuta el proyecto de empleo rural Sembrando Vida, que consiste en la siembra de especies frutales y maderables, que en 2019 ocasionó la pérdida de unas 72.000 hectáreas de cobertura forestal, según el Instituto de Recursos Mundiales México.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de México administra 185 ANP federales que representan 90,96 millones de hectáreas y apoya 382 áreas destinadas voluntariamente a la conservación —que incluyen predios privados—, con una superficie de 623.090 hectáreas.
El otro caso lo pone Colombia. En 2022, esta nación, la tercera con mayor biodiversidad del planeta después de Brasil e Indonesia, registró 67.000 especies (5.000 más que el año previo), apremiadas por la pérdida de hábitats, la contaminación, la sobreexplotación y los efectos de la crisis climática, como el aumento de la temperatura y la proliferación de plagas.
En ese sentido, 796 variedades de flora y 407 de fauna están amenazadas. Este país posee 1.483 áreas protegidas sobre una superficie de 35,5 millones de hectáreas (15% del territorio nacional).
Ximena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia, destaca que el país tiene varios instrumentos, como la Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos y su respectivo plan de acción, así como planes sectoriales sobre deforestación, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, océanos sostenibles y de crecimiento verde.
Por la Amazonía, el Pantanal y la selva tropical atlántica, Brasil, que alberga 20% de la biodiversidad global, también está expuesto a la disminución de diversidad biológica, especialmente desde 2018 cuando asumió la presidencia el ultraconservador Jair Bolsonaro —derrotado en la segunda vuelta electoral frente a Luiz Inacio Lula Da Silva, quien asumirá el cargo en enero de 2023—.
Las políticas a favor de la minería, la agroindustria, la ganadería y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental han fomentado la degradación de los ecosistemas mencionados, con efectos globales. Lula ya anunció que protegerá la Amazonía, con el respaldo internacional.
De las 16.264 variedades que tiene Brasil, al menos 3.299 animales y plantas enfrentan amenazas, según las Cuentas de Ecosistemas: Especies en Peligro de Extinción en Brasil, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En 2021, la selva amazónica perdió 10.300 kilómetros cuadrados de ecosistemas naturales, según el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía.
De hecho, la región llega con varios asuntos pendientes al ambiente gélido de Montreal. Ninguno de los países megadiversos tiene herramientas actualizadas.
Desde 2015, Brasil y Perú no actualizan ante el Secretariado de la CBD sus estrategias nacionales de biodiversidad y sus planes de acción. Ecuador y México no lo han hecho desde 2016, mientras que Colombia y Costa Rica desde 2017 y Panamá, un año después.
DESEOS
En Canadá, la región empujará su agenda, acorde con sus intereses nacionales. México promoverá un enfoque de derechos humanos y género, la creación de ANP y la participación de pueblos indígenas y comunidades locales.
Brasil centrará su estrategia en la defensa de la Amazonía, mientras Colombia empujará el canje de deuda externa por financiamiento internacional ambiental para aplicar acciones nacionales y la formación de una coalición internacional para acelerar la acción para la biodiversidad.
“Tomamos la decisión de defender la Amazonía ante la minería ilegal, la presencia del narcotráfico y el acaparamiento de tierra y crear núcleos de economía comunitaria. Ampliamos las metas de restauración, pero los recursos son insuficientes”, afirma Sandra Vilardy, viceministra colombiana de Ambiente.
Colombia busca al menos detener la tasa de pérdida de selva amazónica, que ronda las 171.000 hectáreas anuales.
El científico Equihua cuestiona el escaso compromiso gubernamental de México. “Tiene que ver con la dificultad para que se incorporen estos temas de agenda ambiental en prioridades del desarrollo socioeconómico. Parecería que la biodiversidad es un obstáculo. No queda clara una propuesta asertiva”, critica.
Para Barrera, Colombia debe emprender “una misión ambiciosa” que comprometa a los gobiernos a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, un enfoque “transformador e inclusivo” para reducir a la mitad la huella ecológica de la producción y el consumo en 2030, así como un mecanismo de aplicación sólido del Marco Global, “para que los países rindan cuentas y así garantizar que la acción aumente con el tiempo”.
Con el precedente negativo de las Metas de Aichi y la creciente crisis de biodiversidad, la inquietud sobre la viabilidad latinoamericana flota en el ambiente.
