Hasta hace unas horas, el árbol con tres décadas de vida se erguía poderoso, incólume y frondoso. Ahora es una ruina, solo quedan sus ramas que yacen a la vera del camino hacia la comunidad de Bioto, en la costa del Pacífico occidental de México. Su grueso tronco va camino a uno de los aserraderos de la zona.
El derribo de la parota (Enterolobium cyclorarpum), como en estas tierras se llama a ese árbol y cuya madera se considera semipreciosa, se realizó sin que existiera algún permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así es como sucede con casi todos los árboles que se talan en la región boscosa del municipio de Cabo Corrientes, en la costa norte de Jalisco.
“Ellos —el gobierno en cualquiera de sus niveles— no tienen poder aquí… . El que decide lo que se tira y lo que permanece es don Guty, Agustín Hernández (informes policiacos señalan que su verdadero apellido es González Chavarín), él es el verdadero gobierno en esta costa; van con él y le piden el favor. Si él no lo da, ningún papel te sirve”, comenta con certeza un campesino de la zona.
La parota que se derribó es un árbol fácil de reproducir y que crece con celeridad, a diferencia de la caoba pacífica —casi extinta de la región— y del granadillo y el tampicirán, maderas duras, muy apreciadas en el mercado chino, que han sido saqueadas de forma selectiva en todo el litoral desde 2010. “Hasta dejarnos solamente los palos más jóvenes”, comenta un experto forestal que pide el anonimato.
Lo que sucede en la costa norte de Jalisco también se replica en otras regiones del país, en donde la tala ilegal es ya parte del negocio de los grupos que controlan el tráfico de drogas.
En el centro, sur y norte de México, además de los grupos de la delincuencia organizada, otros actores —incluso, comunidades completas— han visto en la tala ilegal un negocio fácil.
Y mientras los bosques se quedan sin árboles, los cerca de 1300 ejidos y comunidades que han creado empresas forestales, para producir madera en forma sustentable, se enfrentan no solo a la expansión del crimen organizado. También deben lidiar con el exceso de trámites para realizar manejo forestal, con el débil impulso a la silvicultura comunitaria y, sobre todo, con la impunidad que existe alrededor de la tala ilegal.
En todas las regiones del país, actores involucrados en el tema forestal coinciden en que cada vez es más difícil que la madera que comunidades y ejidos producen en forma legal y, sobre todo, cuidando el futuro de los bosques, se coloque a un precio justo en un mercado inundado por productos de origen ilegal.
El negocio de la madera ilegal
De los cerca de 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal en el país (información de 2017, el último dato oficial disponible), 76 % proviene de bosques comunitarios, los cuales pertenecen a ejidos y comunidades que cuentan con programas de manejo forestal. El 24 % restante se cosecha en predios privados o plantaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Para satisfacer la demanda del mercado nacional, México importa alrededor de 16 a 19 millones de metros cúbicos de madera. Estas cifras corresponden a los años 2015 y 2016; son los datos más actualizados y que están disponibles en el informe “El Sector Forestal Mexicano en Cifras 2019”, de la Conafor. Ese mismo documento señala que el “consumo aparente” de madera en el país es de poco más de 27 millones de metros cúbicos.
Esta cifra “no considera el consumo ilegal (de madera), el cual si se contabilizara nos daría una cifra aproximada del consumo real de madera en el mercado mexicano”, apunta Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).
Especialistas de la academia y de organizaciones de la sociedad civil señalan que, por lo menos, la mitad de la madera que se comercializa en el mercado nacional tiene un origen ilegal.
Si se buscan los datos oficiales, se encontrará que ninguna dependencia del sector ambiental cuenta con información actualizada y pública sobre el universo de la tala ilegal en México.
El Programa Nacional Forestal de la Conafor, en 2014, señalaba que un equivalente al 38 % del volumen de madera comercializada era de origen ilícito. En su informe “El Estado que Guarda el sector Forestal en México 2019” cita un dato de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): la ilegalidad es del 70 %.
Si se toma ese porcentaje y se cruza con el valor de la producción maderera que se incluye en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal del 2017 (el último año disponible en versión pública) es posible dimensionar el negocio de la madera ilegal: al año puede rondar en 7.123 millones de pesos (327 millones de dólares).
Comunidades y bosques dañados
En el sur de Jalisco —donde 20 mil hectáreas han dejado de ser bosques y se han transformado en campos de aguacate, según datos del gobierno estatal— los explotadores de madera fueron citados, en septiembre de 2019, por los jefes de los grupos locales que controlan el tráfico de drogas y les entregaron un reglamento. El mensaje fue: protección a cambio de una “cuota”.
“Podrían bajar la madera que quisieran siempre que dieran un pago por camión. Con documentos, una cuota por metro cúbico; sin documentos, otra mayor”, señala un testigo. La garantía sería no ser “molestados” ni por esos grupos ni por las autoridades.
En Guerrero, las mafias locales aprovecharon las diferencias internas de los ejidos que habían desarrollado proyectos forestales comunitarios exitosos. “Hoy son ellos los que deciden todo”, comenta un ejidatario de la región de Tierra Caliente.
“Se llevan todo (la madera) y no piden permiso, y si se les ponen al brinco, nos levantan (desaparecen) a nuestros campesinos”, señala al otro lado del auricular una integrante de la red de las autodefensas que opera en Michoacán y Guerrero. Tan solo en los últimos meses, la mujer reporta 28 dirigentes locales desaparecidos en Guerrero.
En Puebla, en la zona de la ribera del río Atoyac “baja cantidad de madera que no se sabe de dónde viene, no podemos competir ni por volumen ni por precio”, señala un integrante de un ejido que hace manejo forestal.
Otro silvicultor del estado sostiene que “hay muchos grupos armados, y es difícil que puedas defender tu predio (forestal)”. El hombre, que también pide el anonimato, habla de lo que cada vez es más recurrente en los bosques de Puebla: el robo de la madera a las comunidades.
Los costos de producir madera legal
Otras comunidades forestales del país no enfrentan una amenaza externa, la tala ilegal se da como parte de los “usos y costumbres”. En muchas de esas poblaciones no se contempla la opción de recorrer el largo camino, lleno de trámites y costos, que implica contar con un Plan de Manejo Forestal, uno de los varios documentos necesarios para realizar aprovechamiento maderable en forma legal.
En México, una comunidad que desea aprovechar sus bosques en forma sustentable debe recorrer un sendero lleno de trámites burocráticos. Esa travesía por la “tramitología”, necesaria para obtener los permisos y realizar aprovechamiento forestal en forma legal, puede durar hasta dos años.
El biólogo Salvador Anta Fonseca, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.), destaca que disminuir el número de trámites es un paso urgente si se quiere abatir la ilegalidad en el mercado de la madera.
“También se deben optimizar costos para extraer madera legal —señala Anta—, porque el pago de numerosos trámites y estudios, a cuenta del propietario del bosque, hace que el precio que se paga por su madera no compita con la madera que se extrajo sin ninguna regulación”.
Los datos muestran que son contadas las comunidades que han logrado sortear todos los obstáculos para producir madera en forma legal: de los 15 584 ejidos y comunidades que tienen, por lo menos, 200 hectáreas con bosques, selvas o matorrales, solo alrededor de 2943 realizan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos forestales; de ellas 176 cuentan con maquinaria que les permite realizar una primera transformación de la madera y tan solo 294 cuentan con un aserradero.
Competir con la ilegalidad
En lugares como Chiapas, quienes apuestan por la silvicultura han visto cómo en los últimos años se ha incrementado la tala ilegal, sobre todo en lugares como el municipio de Teopisca o en Comitán, cerca de la frontera con Guatemala.
El dueño de un aserradero ubicado en el sureste de Chiapas cuenta que, hasta hace cinco años, distribuía madera en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Hoy, los vendedores de madera ilegal se han apoderado de casi todos sus antiguos clientes: “Antes, movíamos tres camiones por semana, con 12 mil a 14 mil pies; ahora, cuando mucho, mandamos uno a la quincena. Nos comieron el mercado del sureste”.
El empresario dedicado al negocio de la madera desde hace ya décadas, y quien ha sido amenazado por presentar denuncias, ha visto cómo de la noche a la mañana se instalan madererías sin ninguna autorización.
A diferencia de los ejidos forestales, las madererías no enfrentan una regulación tan estricta —coinciden varios entrevistados—, por lo que se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena productiva y de comercialización. Es ahí, en las madererías, donde se realiza buena parte del “lavado de madera”.
El dueño del aserradero que se encuentra en Chiapas es una de las pocas voces que ofrecen datos sobre los precios que se manejan en el mercado ilegal de la madera en una zona como Cancún, Quintana Roo. Para que él pueda pagar a los productores legales la madera y, además tener ganancias, ofrece los polines para construcción (madera cuadrada con un largo de 2.5 metros) a 55 pesos (2.4 dólares), más flete. Quienes comercializan la madera ilegal venden los polines a 40 pesos (1.7 dólares). “Así es imposible competir: no pagan IVA, no pagan plan de manejo y cortan los árboles que les da la gana”, señala el empresario.
En el norte de México, la región que produce casi la mitad de la madera del país, las empresas forestales que cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, no la pasan mejor: la madera clandestina abarata el mercado, y los fletes terminan de matar el precio.
El gerente general de las empresas de Grupo Sezaric, en Durango, Alfredo Corral, explica: “En México es muy difícil, aquí toda la gente te pelea precio. Yo no puedo vender madera aserrada en el centro del país, porque tengo que competir con otros productos que traen otra procedencia, desgraciadamente al cliente lo único que le interesa es el precio. No tenemos un mercado para productos certificados”.
En el documento titulado “Estado que guarda el sector forestal en México. 2019”, presentado por la Conafor en febrero de 2020, se señala que uno de los objetivos de la dependencia es implementar un programa nacional para abatir la tala ilegal y el contrabando forestal, “con la concurrencia de dependencias y entidades para combatir la ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la competencia desleal a los productores y silvicultores del país”. Hasta mediados de septiembre del 2020, ese programa no se había presentado.
Impunidad enraizada
En el norte, centro y sur del país hay coincidencia en señalar permisividad gubernamental para la tala ilegal. En Chiapas, durante las dos administraciones inmediatas anteriores, la instrucción a los inspectores de la Profepa era “no intervenir”, asegura un activista. Eso no es privativo de esa entidad.
El informe “La actividad forestal en México, estrategias y acciones contra la deforestación” —elaborado en 2019 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) para el Congreso de la Unión— maneja estadísticas de la Profepa durante tres administraciones federales.
En 2001, primer año del gobierno de Vicente Fox Quesada, el organismo federal incautó 56 777 metros cúbicos de madera ilegal; para 2017, solo 18 339 metros cúbicos. Si se revisan los años intermedios, la Profepa tuvo cada vez menos incautaciones.
“La presencia y apoyo de las instituciones ambientales en las regiones forestales está cada vez más diluida. El debilitamiento de estas instituciones es muy grave, ya que este sector requiere de una intervención gubernamental comprometida que coadyuve con los dueños de los tierra en sus esfuerzos por proteger los bosques y las selvas, ya que éstos enfrentan fuertes amenazas como incendios, plagas, desmontes y tala ilegal”, señala Sergio Madrid Zubirán, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
En julio de 2020, durante el Foro “Los retos de la estrategia de atención a la tala ilegal y tráfico de madera en Chiapas” —organizado por la Red Mocaf, Bosques y Gobernanza, Cooperativa AMBIO, entre otros—, la titular de la Profepa, Bertha Alicia Mendoza Vera, reconoció que los operativos realizados durante su gestión han sido de efectos mínimos porque “se dan filtraciones” desde el organismo federal hacia los grupos de delincuencia organizada. Y los escasos detenidos “salen libres y vuelven a delinquir”.
Enrique Jardel Peláez, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y miembro del CCMSS, señala que el Estado “no puede hacerse a un lado” y dejar que las comunidades resuelvan sus problemas. “Es fundamental que se generen políticas de gobierno adecuadas para que salgan adelante esquemas institucionales que permitan el control de los predios, su vigilancia con tecnología y la solidez del estado de derecho, a efecto de que comunidades apoyadas de forma directa se sumen al trabajo de enfrentar la tala ilegal”.
Y mientras la impunidad cobija a la tala ilegal, en varias regiones del centro y sur del país se registra el naufragio parcial o total de proyectos forestales comunitarios. Uno de ellos es el del ejido Barranca del Calabozo, en Jalisco, una comunidad que en 2009 obtuvo la certificación internacional, por parte del Forest Stewardship Council (FSC), y en 2012 la Conafor le entregó el reconocimiento al “mérito forestal” por ser un caso de éxito. Además, la producción de madera legal le permitió crear 32 empleos directos, establecer una caja de créditos y tener recursos para construir caminos para la comunidad.
Los problemas internos, la presión de grupos del crimen organizado que operan en la zona, cambios en sus autoridades tradicionales y el vencimiento de su Plan de Manejo Forestal, en 2018, confluyeron para que hoy su aserradero esté abandonado.
Otro caso es el del ejido El Balcón, en Guerrero: “Fue una experiencia exitosa y emblemática de lo que podía ser el desarrollo forestal; hace unos cinco años, las cosas se pusieron difíciles, incluso hubo gente que murió por los conflictos regionales y locales”, explica el consultor Pablo González. Hoy la región está paralizada y a merced de los grupos delictivos.
Sergio Madrid, del CCMSS, reconoce que la tala ilegal no solo termina con los bosques, también daña las estructuras comunitarias.
Si a esa impunidad se le añade que el Estado ha desatendido y debilitado las estructuras ejidales y comunitarias, la situación se complica: “Hoy —asegura Madrid— 53 % de los núcleos agrarios no tienen órganos de representación actualizados. Muchos de los padrones ejidales están desactualizados, ya que muchos ejidatarios ya han muerto o se han ido. Si queremos tener una estrategia fuerte de freno a la tala clandestina, necesitamos fortalecer a las instituciones ejidales y comunales”.
Quienes desde hace más de treinta años han trabajado y acompañado procesos de manejo forestal comunitario, han comprobado que los ejidos y comunidades organizadas son los que mejor protegen y conservan los bosques.
“Existe avance en el mercado ilegal de la madera, porque la institucionalidad agraria fue debilitada, y las instancias gubernamentales también”, remarca Madrid.
En Michoacán, los comuneros de Nuevo San Juan —una de las comunidades más exitosas en el país cuando se habla de manejo forestal— coinciden en que solo se puede ganar en esa disputa desigual contra la madera ilegal con una fuerte organización.
“Desde que defendimos el territorio por primera vez [a finales de los años 70] generamos organización y procesos de defensa; tenemos ranchos ganaderos en todo el predio para tener presencia, no tanto como negocio. Se crearon brigadas permanentes de control y vigilancia que dan rondines todo el día, y tenemos infraestructura de comunicación. Con esto controlamos el ingreso de las personas, no solo las que van por madera sino por extracción de flora y fauna, de musgo y de otras especies”, señala Héctor Anguiano Cuara, responsable de ventas y comercialización de Nuevo San Juan Parangaricutiro.
Control en aserraderos y madererías
En 2006, Sergio Madrid, junto con otros miembros del CCMSS, propusieron crear un sistema de certificaciones de madera legal: “Estuvimos promoviendo la creación de un certificado de la legal procedencia; la iniciativa buscaba generar un instrumento que pudiera dar certeza al consumidor de que estaba comprando madera realmente legal. Se trataba de un sistema voluntario que incluía un conjunto de auditorías, a los almacenes de madera, realizadas por entidades autónomas acreditadas”.
¿No existe ya una trazabilidad con las guías de madera que debería garantizar un control? Sergio Madrid subraya que “efectivamente, en el país se tiene un sistema avanzado para el control de la madera que se transporta y se comercializa, el cual incluye diversos componentes sofisticados, como el uso de papel de seguridad. Sin embargo, los actores del mercado ilegal han encontrado caminos para utilizar las guías y remisiones legítimas para blanquear la madera ilegal. También se habla de un mercado negro de esas guías. Hay algunos predios que tienen un plan de manejo autorizado pero, en lugar de extraer y vender madera, venden la documentación forestal”.
Y aunque la propuesta de auditorías a la industria forestal se presentó ante diversas dependencias desde 2006, no prosperó. Diversas fuentes confirmaron que los empresarios del sector forestal la boicotearon, pues temían que el costo del proceso recayera en la industria, además de que lo vieron como una sobrerregulación.
Otras propuestas —impulsadas por organizaciones y comunidades— apuntan a la necesidad de buscar mecanismos para que los grandes consumidores de madera (industria de la construcción, de fabricación de muebles, tarimas y embalajes, así como a los contratistas del gobierno para obras de infraestructura) se comprometan a adquirir solo madera legal.
En estados como Chiapas, también se han presentado proyectos para combatir la tala ilegal; propuestas que tienen como base el impulso del manejo forestal comunitario. Hasta ahora, siguen esperando su aplicación: “La atención a este ilícito tiene que ser gradual, empezando por lugares y municipios con mejores condiciones o posibilidades de éxito”, señala René Gómez Orantes, coordinador de Bosques y Gobernanzas de Chiapas.
En un momento de crisis generada por la pandemia del COVID-19 —destaca Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mocaf—, en el que es necesario reactivar la economía y crear empleos, impulsar un mercado legal de madera permitiría fortalecer el mercado interno; “sobre todo si se toma en cuenta que se produce legalmente menos de la tercera parte de la madera que se consume en el país”.
También hay propuestas desde el exterior que piden fortalecer el combate directo a la tala ilegal.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por ejemplo, ha recomendado al gobierno mexicano: “incluir la comisión de delitos contra la vida silvestre y los bosques entre las actividades realizadas por delincuencia organizada. Si esta inclusión no se realiza, difícilmente podrá perseguirse la delincuencia organizada vinculada con el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre, pues tendría que perseguirse indirectamente a través de la investigación, persecución y sanción de otros delitos que no necesariamente tendrían como objetivo proteger los recursos naturales”, señala el documento “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques”.
