El desmonte ilegal en Córdoba afectó a 4.810,4 mil hectáreas de bosque nativo el año pasado, según datos oficiales de la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación de Córdoba.
Esto es casi un 10 por ciento más que en 2019. Ambos años representan las cifras más bajas desde que en septiembre de 2014 la Provincia comenzó con este monitoreo.
En 2015 fueron un poco más de siete mil hectáreas afectadas por prácticas no autorizadas; en 2016 fueron 6.951; en 2017, 14.427 y 7.413 hectáreas se habían afectado en 2018.
Adrián Rinaudo, director de la Policía Ambiental, explica que si bien el 2020 fue un año inusual por la pandemia, las actividades rurales no se prohibieron. “Nunca dejamos de controlar. El seguimiento satelital se siguió haciendo”, explica.
Y agrega: “Estamos conformes con lo que pudimos hacer a pesar de las limitaciones por la pandemia. Si no hubiésemos controlado, se hubiera desmontado mucho más”.
Las hectáreas intervenidas en 2020 es una superficie muy baja si se comparan con las 340 mil hectáreas afectadas por los incendios el año pasado, aunque en este caso no todo lo que se quemó fue monte nativo.
Según la Secretaría de Ambiente, fueron 39 mil las hectáreas de bosque abierto y cerrado bajo fuego el año pasado.
En provincias del norte argentino el desmonte ocurre a otras escalas. Según un informe de Greenpeace, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas en 2020. En Jujuy fueron 30.071; en Salta, 20.962; en Formosa, 17.779; y en Chaco, 13.128 hectáreas. El monitoreo de la ONG no discrimina entre intervenciones legales e ilegales.
Sin embargo, es una tasa muy alta para Córdoba si se considera el escaso monte autóctono que sobrevive en la provincia. Según estudios ambientales, Córdoba solo conserva un tres por ciento de bosque nativo en buen estado de las 12 millones de hectáreas que había a principios del siglo 20.
Estos ecosistemas son sinónimos de biodiversidad y de paisaje, un atributo clave para el turismo. Pero también son vitales para la regulación hídrica y climática de la región.
18 CANCHAS DE FÚTBOL POR DÍA
Una comparación puede servir para entender la magnitud del daño. Esas 4.810,4 hectáreas intervenidas sin autorización equivalen a una pérdida diaria de 18 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.
La Policía Ambiental determinó que hubo 1.768,6 hectáreas afectadas ubicadas en la categoría roja, según la ley provincial de bosques 9.814. Es el 36,7 por ciento del total afectado.
Esta normativa fue sancionada hace más de una década. Protege cuatro millones de hectáreas, en tres categorías, según el estado de conservación del monte. La actualización de ese mapa sigue pendiente desde hace más de cinco años.
El sector rojo es el bosque mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
En 880 hectáreas de zona roja se realizó un desmonte total, mientras que en el resto fueron afectadas por rolado para extraer renovales del bosque, desmonte selectivo de arbustos, aperturas de picadas o intervenciones para leña. Todos estos indicadores fueron más altos que los registrados en 2019.
BALANCE POSITIVO
Rinaudo rescata varios aspectos positivos después de años de monitoreo. “Las intervenciones son de menos de diez hectáreas porque se llega a tiempo antes de que sigan avanzando. Años atrás, los desmontes eran de 300 a 400 hectáreas”, detalla.
Y agrega que la mayoría de las intervenciones son en categoría amarilla por desconocimiento de la normativa o problemas en la tramitación de las autorizaciones. “Queremos salvar el monte que está pintado de rojo porque es el mejor conservado”, explica Rinaudo.
Otros aspectos positivos, según el funcionario, es que desde hace casi dos años que no se registran casos de deforestación química por la decisión de Policía Ambiental de ser severos en el control y multas para estas prácticas. “También desaparecieron las topadoras. Ahora solo se ven tractores con alguna pala delantera o maquinaria para rolado”, comenta.
La Policía Ambiental sólo informa las intervenciones no autorizadas. Pero la Secretaría de Ambiente autoriza intervenciones en predios tanto en categoría amarilla como roja. Hasta 2015 también se informaba esa superficie intervenida de manera legal.
PROCEDIMIENTOS
En 2019, la Policía Ambiental realizó 222 procedimientos para constatar infracciones observadas en información satelital o durante inspecciones aéreas. El año pasado fueron 157.
Según Rinaudo, el 60 por ciento de los procedimientos se deben a intentos de rolado o desmonte selectivo (por lo general al norte de Jesús María), un 20 por ciento son desmontes para extraer leña (en el sector noroeste de la provincia) y otro 20 por ciento son desmontes para loteos cerca de los centros urbanos.
Durante 2020 se secuestraron 125 toneladas de productos forestales, principalmente, leña. Se decomisaron palas frontales, tractores con frente topador, rolos, camiones y diversas herramientas manuales para extracción de leña.
“Ya tenemos pocos desmontadores seriales a los que no les importa nada y hay que quitarles las máquinas para que dejen de hacerlo”, asegura Rinaudo.
