Se identificaron 2375 de estos territorios en el planeta y en nuestro país 23 (en 5,6 millones de hectáreas). Contribuyen a mitigar el cambio climático, a la disponibilidad de agua dulce y al control de sequías e inundaciones, entre otros servicios ecosistémicos, sobre los que se busca sensibilizar a través de acciones educativas.
Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración del aniversario de la Convención sobre los Humedales que se aprobó como tratado internacional en 1971.
La fecha busca sensibilizar al público sobre estos territorios, llamar a su cuidado y uso racional, por ser considerados ecosistemas de importante valor biológico, ecológico, cultural y social. Este año el tema es “Acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza”.
Según la Convención Ramsar, llamada así por la ciudad iraní donde se firmó, y a la cual Argentina adhiere desde 1991, los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente, de agua dulce o salada, donde las plantas, los animales y el suelo allí presentes tienen características particulares por estar adaptados a períodos de anegamiento y sequía.
Uno de los logros del convenio fue la creación de la Red de Sitios Ramsar que se compone de 2.375 humedales de 169 países que abarcan una superficie de más de 254 millones de hectáreas.
En Argentina existen 23 territorios considerados de importancia internacional, entre los cuales destacan los Esteros del Iberá, el Delta del Paraná, la Bahía de Samborombón, la Reserva Ecológica Costanera Sur y Península Valdés. Para tener real dimensión de su extensión, estos ambientes diversos contabilizan 5.687.651 hectáreas, superficie que equivale a la extensión de Togo, un país de África occidental.
Desde lagos, ríos, pantanos, deltas y esteros, hasta salinas, estuarios, marismas y turberas, la definición de humedales los comprende a todos y refleja la enorme diversidad de ecosistemas acuáticos naturales existentes en el mundo. Sitios artificiales como estanques de peces, arrozales, embalses y salinas también tienen su espacio en la definición de la Convención.
Su importancia es fundamental, ya que contribuyen a la conservación de la biodiversidad- el 40% de las especies del mundo habita o se reproduce en humedales-, a la mitigación del cambio climático, a la disponibilidad de agua dulce, al control de las inundaciones y a la protección de las costas, entre muchos otros servicios ecosistémicos, y además se vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015.
Los humedales también constituyen sitios atractivos para la recreación y el turismo, además de poseer valor cultural para las comunidades que viven en sus cercanías. Pero, de acuerdo con el sitio oficial Ramsar, “casi el 90 % se ha degradado desde el siglo XVIII, y su velocidad de pérdida es tres veces mayor que la de pérdida de bosques”.
Entre los distintos factores que impulsan su pérdida y degradación se pueden mencionar la contaminación industrial y de particulares, el drenaje y relleno para uso agropecuario o inmobiliario, la extracción excesiva de agua, la sobrepesca y el cambio climático.
“Para revertir la pérdida acelerada de estos territorios y promover su conservación y restauración, tanto a escala nacional como mundial es necesario informar y sensibilizar al público. Promover e implementar acciones educativas en el marco de la nueva Ley de Educación Ambiental es un gran comienzo, pero no es suficiente”, consideró Natalia Huykman, responsable del Área Ambiente y Recursos Naturales de la FAO Argentina.
“También es imperioso contar con normativas que garanticen su protección, por lo que es necesario considerar estos recursos y administrarlos responsablemente en la planificación de la producción de alimentos y otros productos agrícolas”, agregó Huykman.
El Sistema de Naciones Unidas en Argentina presentó un documento en diciembre de 2020 para apoyar un proceso de construcción del marco legislativo que proteja a los humedales en el país, al tiempo que advirtió sobre la pérdida de 350 mil hectáreas en el Delta del Paraná.
El estudio contó con los aportes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Argentina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, ONU Ambiente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Unesco.
“La sanción de una Ley de presupuestos mínimos a nivel nacional es un paso que aún no se ha dado y que es cada vez más urgente para asegurar la conservación, gestión sostenible y restauración de este tipo de ecosistemas”, destacó Huykman.
En 2020 se presentaron más de 15 proyectos y en noviembre del mismo año se logró un texto unificado, pero la realidad es que, al no haber sido incluido en el temario de sesiones extraordinarias, ya perdió estado parlamentario y el trámite legislativo deberá empezar desde cero. El proyecto de ley unificado establece, entre otras cosas, penalización de los incendios intencionales en humedales, regulación de la aplicación de productos químicos o residuos de cualquier origen, y la creación un Inventario Nacional de Humedales.
“En muchas partes del mundo los recursos hídricos ya se han explotado al límite de sus posibilidades sostenibles o por encima. La agricultura y la ganadería necesitarán más agua en el futuro para alimentar a más personas, y, en consecuencia, los humedales también deberán disponer de mayor cantidad de agua para mantener sus características ecológicas y servicios ecosistémicos esenciales”, comentó Carolina Bruzzese, asistente técnica ambiental de FAO Argentina.
“Los humedales fueron víctimas de múltiples incendios intencionales en distintas partes del país durante los dos últimos años. En el contexto de pandemia en el que aún nos encontramos, el desafío de lograr un desarrollo sostenible desde un enfoque de derechos –como el derecho a un ambiente sano- es aún mayor, considerando los compromisos asumidos al suscribir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, describió Bruzzese.
Para la FAO Argentina, contar con un marco normativo que regule cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de estos territorios es “una gran asignatura pendiente de la Argentina”.
