El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE posponen hasta 2026 la entrada en vigor de la ley contra la deforestación

El Parlamento Europeo aprobó retrasar un año la aplicación de la nueva ley que busca garantizar que el consumo europeo de ganado, cacao, café, soja, madera y otros productos no genere deforestación en origen. La medida, que debía entrar en vigor el 30 de diciembre de 2025, se aplicará finalmente desde el 30 de diciembre de 2026.

Con 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, el pleno de la Eurocámara se alineó con el Consejo de la UE, que ya había defendido la prórroga. Es la segunda vez en un mes que los partidos de ultraderecha y el Partido Popular Europeo (PPE) unen fuerzas para modificar normativas medioambientales, tras haber rebajado también las exigencias de sostenibilidad y responsabilidad corporativa para las empresas.

Debate político y fractura parlamentaria

La votación refleja el fracaso de las negociaciones entre populares, socialdemócratas, liberales y verdes para alcanzar una postura común.

  • La eurodiputada verde Marie Toussaint criticó duramente al PPE: “Su objetivo es desmantelar el texto sobre deforestación al volver a aliarse con la extrema derecha y negarse a defender la propuesta de la Comisión”.
  • Por su parte, la negociadora democristiana Christine Schneider defendió la decisión: “Garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que reduce cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores”.

El grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos celebró que se evitara “una situación en la que miles de empresas habrían sido empujadas al caos jurídico y administrativo”.

Objetivos de la ley contra la deforestación

El Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR) busca impedir que materias primas y productos derivados consumidos en la UE estén vinculados a la destrucción de bosques.

La normativa abarca:

  • Ganado y cuero.
  • Cacao y chocolate.
  • Café.
  • Aceite de palma.
  • Soja.
  • Madera y muebles.
  • Caucho.

Las empresas deberán demostrar, mediante sistemas de geolocalización, que sus cadenas de suministro no han generado deforestación ni degradación de masas forestales.

La reducción de la deforestación en Misiones.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE posponen hasta 2026 la entrada en vigor del reglamento.

Presiones internacionales y empresariales

El texto ha recibido críticas desde sus inicios por parte de países como Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia y Canadá, además de sectores madereros y ganaderos. También la administración estadounidense de Donald Trump expresó su rechazo.

Sin embargo, contó con el apoyo de grandes productores de chocolate como Nestlé, Mars Wrigley y Ferrero, además de la comunidad científica y organizaciones ecologistas.

Antecedentes del retraso

En septiembre de 2024, la Comisión Europea ya había anunciado un primer retraso de un año, argumentando que las empresas no habían tenido tiempo para adaptarse. En 2025 volvió a pedir otra prórroga, esta vez por un problema informático.

Finalmente, Bruselas propuso mantener la aplicación desde diciembre de 2025 con algunas flexibilidades en multas y burocracia. Pero el Consejo de la UE, con el voto favorable de 24 capitales, defendió la segunda prórroga bajo el argumento de la “simplificación”.

Impacto sobre pymes y revisión futura

El Consejo estableció que la normativa no se aplicará a pymes hasta el 30 de junio de 2027. Además, la Comisión Europea deberá realizar una revisión de simplificación en abril de 2026, para evaluar el impacto administrativo sobre pequeños y microoperadores.

Para el grupo parlamentario socialdemócrata, esta revisión es una “línea roja”, ya que introduce incertidumbre y podría abrir la puerta a nuevos aplazamientos en los próximos años.

El retraso de la ley europea contra la deforestación refleja la tensión entre la protección ambiental y las presiones económicas y políticas. Mientras organizaciones ecologistas y parte de la industria apoyan la regulación, sectores conservadores y países exportadores cuestionan su impacto.

La decisión de posponer su aplicación hasta 2026 supone un revés para las políticas verdes de la UE, en un contexto global donde el consumo europeo es responsable de cerca del 10 % de la deforestación mundial.

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