La Procuración General de la Nación (PGN) dictaminó esta semana a favor de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia en la causa por daño ambiental vinculada al Canal de La Patria, en Santiago del Estero.
Este paso judicial, impulsado por organizaciones ambientalistas, marca un precedente clave en la defensa de la biodiversidad del Gran Chaco argentino.
Denuncias de ONG y un dictamen histórico
La denuncia fue presentada en junio por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, tras conocerse que la obra pública había provocado la muerte de decenas de especies en peligro de extinción y afectado gravemente la movilidad silvestre.
El dictamen de la PGN sostiene que la causa debe ser resuelta directamente por el Alto Tribunal, ya que existen responsabilidades contractuales conjuntas entre la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional.
“Los acuerdos dieron lugar a responsabilidades conjuntas, compartidas y específicas de los órganos demandados para el desarrollo de la obra”, señalaron las ONG.
El Canal de La Patria: una “trampa mortal”
El canal, construido en la década de los 70, tiene dos metros de ancho y 180 kilómetros de largo, con paredes empinadas de hormigón.
Un informe de 2025 reveló que 250 ejemplares de 40 especies distintas quedaron atrapados y murieron ahogados, lo que llevó a caracterizarlo como una “trampa mortal”.
La construcción fragmenta el hábitat y debilita aún más la frágil situación de la fauna chaqueña, en una región considerada una de las más amenazadas del planeta por la deforestación sin límites.
Responsabilidades compartidas y alcance judicial
La PGN fundamentó su dictamen en convenios firmados entre la provincia y entidades nacionales, como el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.
El organismo concluyó que resulta imposible garantizar el derecho de defensa y restituir el derecho tutelado —la biodiversidad del Gran Chaco— sin la participación de todas las partes involucradas.
La acción judicial por daño ambiental de incidencia colectiva se dirige contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional, y ahora circula entre los ministros de la Corte para su resolución definitiva.
Impacto humano y ecosistémico
Además del daño ambiental, el canal representa un peligro para la vida humana. El curso de agua abastece a pueblos y ciudades en su recorrido, y su diseño ha provocado accidentes fatales.
El 10 de noviembre se conoció la muerte de un niño de dos años en la comunidad de Lilo Viejo, tras caer en el canal. El hecho reavivó la urgencia de encontrar soluciones que garanticen la seguridad de las comunidades y la protección de la fauna.
Un caso que trasciende fronteras
El Canal de La Patria se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la región del Gran Chaco: infraestructura sin planificación ambiental, pérdida de biodiversidad y riesgos para la población.
El dictamen de la PGN abre la puerta a que la Corte Suprema siente jurisprudencia en materia de daño ambiental, reconociendo la necesidad de responsabilidades compartidas y de políticas públicas que prioricen la conservación de los ecosistemas más amenazados del país.
El caso del Canal de La Patria refleja la tensión entre el desarrollo de obras públicas y la protección ambiental. La intervención de la Corte Suprema podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia argentina, fortaleciendo el principio de precaución y el derecho constitucional a un ambiente sano.
