La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció que a pesar de que el nuevo proyecto de ley que aprobó Diputados no contiene un capítulo específico de desregulación ambiental, varios artículos tienen implicancias sobre el cuidado del ambiente que es una amenaza a la conservación ambiental, el acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego, entre otros puntos.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron en las últimas horas un documento que analiza las consecuencias en materia de conservación ambiental y social en caso de aprobarse en el Senado el proyecto de ley que este martes obtuvo media sanción en Diputados.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica que a diferencia del primer y fallido proyecto de ley “Bases”, presentado en diciembre del 2023 -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- este nuevo proyecto no hace modificación alguna a estas leyes y no contiene un capítulo específico de desregulación en conservación ambiental.
Sin embargo, FARN advierte que la ley Bases impulsada por el gobierno nacional cuenta con distintos puntos que tienen implicancias negativas en materia de derechos socioambientales, entre los que se encuentran: la posible sustitución de las audiencias públicas, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera como es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales como la protección de los bosques nativos y el manejo del fuego.
“Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras”, enfatizan desde FARN.
¿Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente?
Audiencias públicas optativas: un riesgo para la participación ciudadana robusta e integral
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, el proyecto sostiene que este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Las audiencias públicas constituyen instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas. Esta modificación que propone el gobierno nacional brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.
Además, agregan que esto implicaría un grave retroceso para la participación ciudadana en procedimientos administrativos vinculados con la preservación y conservación ambiental.
Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos
El nuevo proyecto de la ley contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por Argentina al ratificar el Acuerdo de París (Ley 27.270).
De esta forma, “el propósito fijado de la explotación hidrocarburífera es la promoción de ganancias, estableciendo a la energía como una mercancía y no como un derecho”, enfatiza FARN.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: nuevos privilegios para los sectores extractivos
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
“La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo de los últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.
La posible cancelación de fondos fiduciarios: más facultades para el Poder Ejecutivo en detrimento del ambiente
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política de conservación ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y conservación ambiental es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
El pago de la deuda y los subsidios a las empresas hidrocarburíferas limitan las partidas ambientales
Días atrás, la FARN denunció en un comunicado que la falta de sanción de una ley de Presupuesto para este año y la prórroga del anterior “implicó, en un contexto de alta inflación, una caída en términos reales del 53,01%. Las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, a la Administración de Parques Nacionales, a los Sistema de Áreas Marinas Protegidas y las referidas al Manejo del Fuego se encuentran entre las más afectadas”.
De acuerdo a los ambientalistas, “a lo largo de los primeros tres meses del 2024, el presupuesto destinado para la Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07% de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda”.
Según el Monitor ambiental de Presupuesto, una publicación de carácter trimestral que analizará las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas ambientales durante el año, “la falta de Presupuesto o la existencia de una prórroga del anterior oficia como un mecanismo de ajuste sobre la población y una reducción de derechos por la vía explícita del achicamiento del Estado”.
Esta primera entrega del Monitor ambiental del Presupuesto está centrada en el análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del año, con particular foco en lo destinado al pago de los servicios de deuda y los subsidios a la oferta de hidrocarburos, que son recibidos de forma directa por las empresas de este sector.
De acuerdo al informe, el pago de servicios de deuda ganó preponderancia dentro del Presupuesto Nacional vigente, alcanzando el 13,2 por ciento del total. Este mayor volumen de ejecución presupuestaria destinado al pago de la deuda se realizó, durante enero, febrero y marzo del 2024, en desmedro de las partidas destinadas a políticas y programas vinculados al ambiente.
Entre los principales datos que se desprenden del Monitor, se destacan:
- A pesar de que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir, de acuerdo a la Ley de Bosques, el 0,3% del Presupuesto Nacional, a marzo de 2024 tiene programado un presupuesto 18 veces menor.
- Hasta el momento, el gobierno nacional no ejecutó ni un solo peso de los $12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Solamente se han ejecutado $275 millones dentro de la actividad Manejo del Fuego, que representan un 0,01% de lo erogado en pago de servicio de la deuda.
- Tampoco se ejecutó ni un solo peso del presupuesto destinado al programa “Acciones para la Atención del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR)”, dependiente del Ministerio de Seguridad, el cual tiene como objetivo evitar las consecuencias negativas y brindar soporte frente a temporales e inundaciones.
Subsidios a los fósiles: se sostienen los beneficios a las empresas hidrocarburíferas
A contramano de lo que planteó durante la campaña del 2023, el Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la prórroga del Presupuesto, mantiene $150.112 millones para subsidios a la oferta de hidrocarburos. En los primeros dos meses del año se ejecutaron $11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas. En cambio, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores.
Mientras se mantiene este subsidio, que tiene como objetivo fomentar las exportaciones y ganancias de las empresas hidrocarburíferas, sin disminuir el precio de la energía para las y los consumidores, se achican los presupuestos destinados a la promoción de las energías renovables. El Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables tiene un presupuesto de $310 millones, es decir, 484 veces menos de lo que se destina a subsidiar fósiles.
Por su parte, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) tiene asignados, luego de sufrir un recorte de $387 millones en marzo, un total de $5.595 millones. Este programa tiene como objetivo instalar 10.000 paneles solares en zonas rurales, contemplados como instalaciones eléctricas en casas, escuelas, hospitales, entre otros. Solo con lo destinado a los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se podrían ejecutar 26 veces el PERMER.
“El acceso a un ambiente sano, junto con otros derechos culturales, sociales, ambientales y económicos, se ven comprometidos por un fuerte achicamiento del presupuesto destinado a las áreas involucradas en su promoción y cumplimiento. A través de contrastar los montos vigentes y ejecutados entre las diferentes partidas presupuestarias, se reconoce que plata hay, pero sólo se destina a las petroleras y al pago de servicios de deuda”, concluye el Monitor ambiental del Presupuesto.
Fuente: eldiarioar
