Los defensores del medio ambiente en Guatemala y Honduras son los que enfrentan el mayor peligro a nivel mundial ante la falta de instancias que se opongan a los intereses de las grandes empresas y los gobiernos.
Activistas y un informe de Amnistía Internacional presentado esta semana en México, que describe los riesgos que enfrentan quienes se oponen a las grandes obras que atentan contra el medio ambiente, los recursos naturales y los pueblos nativos, tanto en Guatemala como Honduras, relatan cómo después del asesinato de la activista hondureña, Berta Cáceres, hace seis meses, no han cesado los ataques en contra de quienes se oponen a la destrucción de sus comunidades.
Según la organización Global Witness, el 65% de los asesinatos de defensores de los derechos humanos que trabajaban involucrados en asuntos de la tierra o el medio ambiente registrados en 2015 tuvieron lugar en Latinoamérica. Ocho tuvieron lugar en Honduras, y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región.
‘El reto es protegerlos en la práctica y si no se puede, que los organismos internacionales suspendan la financiación a estos países hasta que no garanticen la seguridad de los defensores y defensoras del medio ambiente’, afirmó Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de AIDA, organización sin fines de lucro con representación en la menos 20 países.
