El juicio oral por las aplicaciones de fitosanitarios en la zona periurbana de Pergamino concluyó con una sentencia que marca un precedente para los conflictos ambientales vinculados a la actividad agropecuaria. El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario resolvió absolver a los siete acusados relacionados con las pulverizaciones y condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplir sus deberes de control.
La resolución modifica el eje de las responsabilidades analizadas durante el proceso judicial. Mientras los magistrados consideraron que no fue posible demostrar penalmente la participación directa de los productores en los hechos investigados, sí entendieron que existieron graves omisiones por parte de los organismos encargados de fiscalizar la actividad.
El caso, seguido durante varios años por organizaciones ambientales, vecinos y representantes del sector agropecuario, vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control ambiental y actualizar las regulaciones aplicables a las zonas periurbanas.
La falta de pruebas impidió atribuir responsabilidades penales a los productores
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado penas de prisión, inhabilitaciones para ejercer actividades vinculadas al agro y el decomiso de establecimientos rurales. Sin embargo, el tribunal concluyó que las pruebas reunidas no alcanzaron para acreditar la responsabilidad penal de los imputados bajo los requisitos exigidos por la legislación vigente.
De esta manera fueron absueltos los productores Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó, además de los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, el aplicador Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo José Luis Grattone.
Los jueces reconocieron que existen evidencias científicas sobre los potenciales efectos ambientales y sanitarios asociados a determinados fitosanitarios, aunque señalaron que las deficiencias en la recolección de pruebas impidieron establecer un vínculo penal directo entre las aplicaciones investigadas y los daños denunciados.
La Justicia responsabilizó a funcionarios por la ausencia de controles
En contraste, el fallo determinó que Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, incumplieron sus obligaciones como funcionarios públicos.
Ambos recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por no haber intervenido adecuadamente ante las reiteradas denuncias presentadas por vecinos.
Según la sentencia, la falta de inspecciones, actas de constatación y controles en el territorio debilitó la capacidad del Estado para reunir evidencia suficiente y ejercer una fiscalización efectiva sobre las actividades desarrolladas durante el período investigado, comprendido entre 2011 y 2019.
El fallo impulsa una revisión de las políticas ambientales
Además de resolver la situación de los imputados, el tribunal instó a investigar el grado de conocimiento y la eventual responsabilidad de otras autoridades municipales que ejercían funciones durante los años analizados.
Asimismo, los magistrados remarcaron la necesidad de generar una instancia de diálogo entre organismos públicos, productores, especialistas y distintos actores sociales para avanzar hacia regulaciones técnicas que permitan compatibilizar la producción agropecuaria con la protección del ambiente y de las comunidades cercanas.
La resolución también advierte sobre la necesidad de contar con normas claras y mecanismos permanentes de fiscalización que otorguen previsibilidad tanto a la actividad económica como a la protección de los recursos naturales.
Qué establece la Ley 24.051 y cuáles son sus principales disposiciones
La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos constituye uno de los principales instrumentos ambientales de Argentina para prevenir la contaminación derivada del manejo de sustancias consideradas peligrosas para la salud humana y el ambiente.
La norma regula todas las etapas vinculadas con estos residuos, incluyendo su generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final. Además, establece la obligación de inscribirse en registros específicos, implementar medidas de seguridad y minimizar los riesgos ambientales durante todo el proceso.
Entre sus puntos centrales se encuentran el principio de responsabilidad del generador, la obligación de controlar adecuadamente los residuos, la aplicación de sanciones administrativas y penales frente a infracciones, y la posibilidad de imponer responsabilidades cuando una conducta provoque contaminación peligrosa para el ambiente o la población.
De esta manera, la ley busca fortalecer la prevención, promover una gestión ambiental segura y garantizar la protección de los ecosistemas y de la salud pública frente a actividades que puedan generar impactos significativos.
