La buena noticia es que la deforestación en Brasil ha disminuido un 11,6% en 2023, según los datos del último informe de MapBiomas, una iniciativa que recoge datos de ONGs, universidades y empresas tecnológicas para monitorear la transformación del territorio brasileño.
Sin embargo, una lectura detallada de los datos revela ciertas vulnerabilidades, ya que el 85% del territorio comprometido por la deforestación ilegal se concentra en dos zonas del país, a saber, la Amazonia y lo que se define como la sabana brasileña, el Cerrado, el segundo mayor bioma de América Latina, con una superficie de dos millones de kilómetros cuadrados, equivalente al territorio de México.
El Cerrado incluso superó a la Amazonía por primera vez desde 2019, cuando se puso en marcha el sistema de alertas MapBiomas. Con un 61%, el Cerrado es actualmente la región brasileña más amenazada ambientalmente. La deforestación se concentra principalmente en un área, Matopiba, que incluye los estados del norte de Brasil de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. El pico, con 6.691 hectáreas deforestadas, se registró en Alto Parnaíba, en Maranhão.
Las que sufrieron en 2023 fueron principalmente las reservas indígenas, donde la deforestación aumentó un 188% en comparación con 2022, mientras que el 70% de los municipios de la zona registraron tasas de deforestación significativas. La principal causa de este escenario es el crecimiento exponencial de los cultivos de soja.
Desde el Cerrado, Brasil abastece a mercados de enormes dimensiones como China, pero el precio que paga el gigante latinoamericano desde el punto de vista medioambiental es cada vez más alto. El sector agroindustrial ha deforestado 17 millones de hectáreas en los últimos 38 años, según MapBiomas, 1,7 millones de ellas en la última década.
De seguir a este ritmo, los expertos predicen que la región podría perder hasta el 34% de la vegetación que le queda en 2050. Esto tendría un terrible impacto en la flora y la fauna, con la extinción de 1.140 especies.
Las instituciones y la deforestación en Brasil
Ante una situación tan dramática, muchos se quejan del retraso de las instituciones. No fue hasta noviembre cuando el gobierno anunció un plan de conservación para un mayor control sobre las autorizaciones que permiten deforestar la vegetación autóctona. El plan también prevé un aumento de las zonas protegidas y la eliminación de la deforestación ilegal para 2030.
Sin embargo, como escribió el director del Instituto Cerrados, Yuri Salmona, en su análisis para el diario Folha de São Paulo, “el Plan contra la deforestación carece de la ambición que debería ser necesaria porque querer llegar a cero en 2030 sólo con la deforestación ilegal permite en realidad la destrucción de 27 millones de hectáreas”.
Entre los problemas estructurales de la región, Salmona señala la falta de integración entre los sistemas estatal y federal, las tierras públicas cuyos límites no se conocen realmente y las numerosas propiedades rurales fuera del Registro Ambiental Rural, por lo que resulta difícil trazar la línea entre legalidad e ilegalidad.
En cuanto a la Amazonia, los datos de MapBiomas referentes a 2023 indican una disminución global del 62,2%, con 454,3 mil hectáreas perdidas. Sólo uno de sus estados, Amapá, registró un aumento del 27%. En mayo, también fueron divulgados los datos del Sistema Prodes del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).
Son los datos oficiales obtenidos a través del rastreo por satélite y utilizados como referencia por la comunidad científica internacional. En el período comprendido entre agosto de 2022 y julio de 2023, el Sistema Prodes registró 9.064 kilómetros cuadrados, una disminución con respecto a los datos anteriores registrados entre agosto de 2021 y julio de 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, en el que el valor de la tierra deforestada fue de 11.694 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, la Amazonia sigue siendo una zona vulnerable en términos de gestión de la seguridad. Recién el 17 de junio se lanzó el Plan Amazonia, donde fluirán 318,5 millones de reales (58,6 millones de dólares) del Fondo Amazonia, que cuenta con el apoyo de países extranjeros como Noruega y Alemania para la preservación de la selva. El “Plan Amazonia: Seguridad y Soberanía” (AMAS) había sido anunciado hace 11 meses.
En su discurso, el propio Lula se refirió a la burocracia que había dificultado su rápida aplicación. Por eso dijo que “hay que pasar por encima de los manuales”. El objetivo del Plan es financiar operaciones policiales y de inteligencia para contrarrestar el crimen organizado que opera en la Amazonia, que además del narcotráfico realiza continuos delitos medioambientales, desde la minería ilegal a la deforestación. La inversión total prevista es de 1.200 millones de reales, 221 millones de dólares.
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