Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner a la Amazonía en el punto de mira.
Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación.
Expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera en estos dos países.
Esta práctica, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, entre otras, son responsables de las tasas de deforestación crecientes en los nueve países amazónicos (contando con Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar).
Aquí radica el punto de fricción entre gobiernos, ambientalistas, empresas e indígenas: el deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación de la Amazonía y de sus pueblos nativos.
“No podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación”, dice Natalia Hernández, experta de la Fundación Gaia Amazonas y RAISG.