Líder indígena Darío Iza Pilaquinga denuncia explotación oculta en la transición verde en América Latina y el sur global

El impacto oculto de la transición verde ha sido expuesto por un líder indígena, quien advierte que el progreso ambiental promovido por las naciones occidentales depende en gran medida de la explotación de recursos y comunidades en regiones como América Latina, África y Asia. El activista ecuatoriano Darío Iza Pilaquinga argumenta que la transición ecológica no debería justificarse si implica desigualdad y deterioro ambiental.

Denuncia del coste oculto en el sur global

En una reciente gira por Europa, el presidente del Consejo de Gobierno del pueblo Kitu Kara ha buscado apoyo para destacar la difícil situación de los pueblos indígenas en Ecuador y denunciar las consecuencias sociales y ambientales del actual modelo extractivo.

Darío Iza Pilaquinga exige un cambio en la economía global, asegurando que la protección ambiental no debe construirse a costa de la explotación intensiva de territorios indígenas y recursos naturales.

El activismo indígena desafía la narrativa ecológica de las naciones desarrolladas, señalando que se esfuerzan por ocultar el saqueo de recursos en el hemisferio sur. La transición hacia tecnologías limpias promueve una colonización minera agresiva sobre tierras ancestrales, destruyendo comunidades.

La demanda por metales como el litio y los combustibles fósiles está devastando áreas vulnerables en Latinoamérica. Este proceso perpetúa un modelo de descarbonización desigual, donde las potencias occidentales limpian sus cielos mientras perjudican ecosistemas completos en el otro lado del mundo.

Para Darío Iza Pilaquinga, la realidad de muchos territorios del sur global es disonante con el discurso internacional sobre sostenibilidad, en medio del aumento de la explotación minera y energética.

El dirigente indígena subraya que los materiales necesarios para la transición energética se extraen en áreas habitadas por comunidades indígenas que sufren las consecuencias ambientales y sociales.

A su juicio, la descarbonización no sólo debe medir la reducción de emisiones, sino también el respeto a los derechos humanos y la preservación de los ecosistemas.

Durante su visita a Europa, cuestionó la procedencia de materiales usados en la movilidad eléctrica y la transición energética.

Como ejemplo, mencionó el litio de Bolivia y el carbón de Colombia, cuya explotación, según denuncia, afecta a comunidades indígenas y rurales.

Su mensaje destaca la importancia de integrar criterios sociales y ambientales más amplios en las políticas de descarbonización internacionales.

Pilaquinga expresó preocupación por la situación política y ambiental en Ecuador, donde ha crecido la superficie destinada a proyectos mineros, aumentando los conflictos territoriales y la criminalización de defensores ambientales.

El activista considera preocupante esta situación, especialmente dado que Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer jurídicamente los derechos de la naturaleza.

Durante su gira, se reunió con líderes en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia y España para establecer nuevas alianzas internacionales.

Con miras a la próxima COP31 en Antalya, Turquía, busca asegurar una mayor representación de las demandas indígenas en el debate climático global.

Su principal demanda es que las políticas ambientales incluyan mecanismos efectivos de protección para las comunidades locales afectadas por la extracción de recursos.

Las declaraciones de Pilaquinga reavivan el concepto de justicia ambiental, que evalúa cómo se distribuyen los beneficios e impactos del desarrollo económico y la transición energética.

Organizaciones internacionales y sociales exigen que la lucha contra el cambio climático incorpore derechos humanos, participación comunitaria y conservación de biodiversidad.

El debate también abarca la trazabilidad de materias primas críticas y la necesidad de cadenas de suministro más sostenibles y transparentes.

En Ecuador, la expansión de licencias mineras provoca conflictos sociales y la persecución de líderes comunitarios. Este aumento de violencia ambiental es paradójico en un país que protege jurídicamente a la naturaleza.

Una delegación internacional trabaja para formar alianzas antes de la cumbre climática global de Turquía, la COP31. El objetivo es exigir mecanismos vinculantes que impidan financiar proyectos energéticos sin consentimiento indígena.

El llamamiento de un líder indígena sobre la transición verde coincide con un momento crucial para la política climática global, donde la transición a una economía baja en carbono también debe garantizar una justicia ambiental más equitativa.

Darío Iza Pilaquinga, presidente del Consejo de Gobierno del pueblo Kitu Kara y antropólogo, defensor de derechos indígenas y ambientalista, afirma que la transición energética occidental depende de la extracción intensiva en territorios indígenas de América Latina, África y Asia.