Desde hace años, Ryszard Gawron, contable, activista ambiental y pescador, lucha por el río Oder. Vive en Olawa, un pueblo de 30.000 habitantes a 30 kilómetros de Breslavia, en Polonia.
Él fue uno de los primeros en alertar a las autoridades de Polonia a mediados de julio. «A solo cien metros de distancia, había cientos de peces muertos. Y al día siguiente sacamos miles del agua», cuenta a DW.
En ese momento, nadie sospechaba que era el comienzo de una muerte masiva de peces en el río Oder. Hasta ahora, según las autoridades polacas, se han recogido más de 200 toneladas de peces muertos. Y también han muerto castores.
Se sospecha que la causa son algas tóxicas que, aunque suelen vivir en aguas saladas, también pueden crecer en aguas dulces de río con gran cantidad de aguas residuales industriales y alto contenido de sal.
Críticas a fábrica de papel
Ryszard Gawron sabe mucho sobre aguas residuales industriales. La asociación «Todo por Olawa», de la que es miembro, tiene fotos y grabaciones de videos que documentan los pecados ambientales de la industria local: por ejemplo, compuertas a través de las cuales fluyen aguas residuales sucias durante la noche.
O bomberos extrayendo una manguera ilegal fijada al suelo del fondo del río, que conducía a la fábrica de papel Jack-Pol, en Olawa, donde se procesan 500 toneladas de celulosa al mes.
La correspondencia entre los activistas ambientales y las autoridades muestra que la empresa ya fue acusada durante mucho tiempo de irregularidades en la gestión de aguas residuales e incluso pagó multas.
Ahora, Jack-Pol ha vuelto a ser objeto de muchas y muy severas críticas. La empresa, sin embargo, niega haber contribuido al desastre del Oder. En su sitio web, se puede leer: «La protección del medio ambiente es nuestro objetivo primordial».
Para los activistas está claro que una empresa que ensucia el caudal del río, contribuye a la muerte de peces. El alcalde de Olawa se ha mantenido al margen de las disputas entre los activistas y la empresa de celulosa.
AUTORIDADES PASIVAS
Pero Jack-Pol es solo una pequeña parte de un problema mucho mayor, explica Albert Zielinski, director de la asociación «Todo por Olawa».
«Durante años, hemos estado dando la voz de alarma sobre los cauces ilegales de aguas residuales industriales, pero nadie nos ha escuchado. Las empresas industriales utilizan todos los vacíos legales posibles y depositan las aguas residuales sucias en el río, en lugar de desecharlas, porque la eliminación cuesta dinero», se queja el economista.
La pasividad de las autoridades también fue esta vez más que evidente. «Incluso durante la catástrofe actual, al principio, nadie mostró interés. En los primeros días, los organismos oficiales ni siquiera querían involucrarse en la extracción de peces muertos del río», subraya Zielinski a DW.
¿LLAMADA DE ATENCIÓN AL GOBIERNO?
La situación tampoco fue distinta en Varsovia, donde el primer ministro, Mateusz Morawiecki, admitió que supo de la catástrofe dos semanas más tarde.
Zielinski espera que esta sea una llamada de atención para el Gobierno, también porque se trata de un río fronterizo con Alemania y, por lo tanto, es un «escándalo internacional».
La ministra de medio Ambiente polaca, Anna Moskwa, prometió invertir 50 millones de euros para gestionar y modernizar el viejo sistema de aguas «en importantes y sensibles ubicaciones de ríos y afluentes polacos».
DESAGÜES ILEGALES
La autoridad estatal de supervisión del agua, Wody Polskie, fundada en 2018, informó que ha estado examinando los desagües no naturales desde 2021. De las 17.000 tuberías, 1.400 o no están reguladas del todo o son ilegales; incluidas 282 que desembocan en el Oder.
Este es un balance aterrador para los ecologistas, que no hace más que confirmar la nefasta gestión fluvial en Polonia.
Enormes cantidades de aguas residuales industriales fluyen hacia el Oder, legal o ilegalmente, lo que daña el río, especialmente a altas temperaturas y bajos niveles de agua.
Ahora, a partir del 1 de septiembre, entra en vigor una nueva ley en Polonia: multas desde 2.300 a 2.300 millones de euros, además de penas de cárcel de hasta 12 años, para quienes contaminen los ríos.
