Frente al inicio del proceso de revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN) en Salta, vencido desde 2014, la asociación ambientalista Greenpeace insistió ante el gobernador Gustavo Sáenz para que suspenda cualquier actividad de deforestación en la provincia.
La misiva, presentada el 1 de septiembre, se sostiene en distintos ejes: la suspensión de la deforestación; la necesidad de contar con el relevamiento del territorio de las comunidades indígenas; el respeto por el hábitat del yaguareté (especie en peligro de extinción), y la necesidad de ampliar la participación en el Consejo Asesor que ponderará el nuevo OTBN.
En primer lugar, Greenpeace llamó la atención sobre “acciones y omisiones que evidencian la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331)” en Salta “y la consiguiente deforestación”. En este punto recordó que desde la sanción de la ley nacional en la provincia se desmontaron 628.307 hectáreas, muchas de ellas en zonas donde las topadoras no debieron haber pasado.
Asimismo, recordó que durante ese período el gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey “realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley 26.331), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas”. Y, además, las fincas que se desmontaron de manera ilegal “aún no fueron restauradas”.
Otros datos sobre el desmonte indican que pese a las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas. En paralelo, el gobierno provincial convocó a la realización de audiencias públicas durante diciembre de 2020 y enero de este año para autorizar desmontes en 7 fincas, por otras 20 mil hectáreas.
La organización ambientalista señaló que la ley nacional que protege los bosques nativos es clara en su artículo 7 al establecer que “las jurisdicciones que no hayan realizado su OTBN no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos”; y en su artículo 8, en el dispone que “durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”.
En cuanto a los plazos de actualización de ese OTBN, el decreto reglamentario de la Ley 26.331 dicta que debe realizarse cada 5 años. De todo lo anterior se desprende que ante la falta actualización del ordenamiento territorial no pueden autorizarse desmontes, dado que de esa forma se estaría ante la incongruencia de que se deforestara lo que potencialmente podría ser definido por el nuevo OTBN como una zona protegida.
La posesión indígena
En la carta a Sáenz Greenpeace recordó también la existencia de la Ley 26.160, de emergencia territorial de la propiedad comunitaria indígena, “que declara la suspensión de ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. La norma también establece que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico – jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”.
El relevamiento aún no fue concluido y “resulta fundamental para realizar la actualización del OTBN”. Sin embargo, según lo que se pudo conocer de las reuniones del Consejo Asesor para actualizar el OTBN, el gobierno provincial considera que el conflicto de las tierras que incluyen a comunidades indígenas y campesinas no debería ser sopesado en la evaluación en proceso.
En la carta Greenpeace recordó que Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés. Se estima que quedan solo cerca de 250 individuos. “Pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20”. La ONG señaló que para para poder sobrevivir cada animal necesita aproximadamente 40.000 hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
Por este tema en julio de 2019 Greenpeace presentó un pedido de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero por no cumplir la Ley de Bosques (26.331) y así permitir que se destruya el hábitat del yaguareté. La Procuración General de la Nación ya dictaminó que la causa es de jurisdicción del máximo tribunal. El amparo solicita que se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un Plan de Manejo de la especie.
Crisis sanitaria, climática y de biodiversidad
Al destacar la situación de la Argentina, Greenpeace recordó que el país se encuentra en emergencia forestal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: periodo en que se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) destacó que en el país ocurre el 4,3% de la deforestación global y que en la década anterior a dicho reporte esa deforestación fue “la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”.
“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del OTBN no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo, respetando los derechos de las comunidades indígenas, y con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”. Así finaliza la carta firmada por el coordinador de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, que antes de firmar la misiva solicita que se “avance en ese sentido”.
